Vahlis afirma que el Gobierno busca seguir controlando el poder judicial

La diputada opositora al Consejo Legislativo del estado Bolívar (Cleb), Zaida Vahlis, comentó a PRIMICIA que los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “les va a permitir continuar abrogarse a sí mismos, disolver o anular la decisión de otros poderes: llámese legislativo, electoral u otros, es decir, con estas designaciones el régimen tiene garantizado continuar con el juego maquiavélico de controlar el poder judicial”.

Aseguró que “con estas designaciones pretenden mantener un control que no les es otorgado constitucionalmente”, pero que lo utilizarán como “su brazo ejecutor de las políticas controladoras no solo de otros poderes claves, sino de las políticas que les ha caracterizado como un gobierno opresor y violador de los derechos humanos”.

Recalcó que “no debe el poder judicial, a través de la Sala Constitucional del TSJ, como lo ha venido haciendo, legislar”.

“Esa ratificación de la línea estratégica emanada del Ejecutivo nacional, nos indica la continuidad de las mafias judiciales, controles, y ejecución de las decisiones instruidas previamente desde el Psuv y desde el poder central”, lanzó.

Manifestó que todo esto le permite al Gobierno “conculcar derechos fundamentales de forma impune, perseguir a quien disiente y permitir, ante un riesgo inminente, continuar en el poder”.

De igual forma “representa un grave riesgo para el inversionista, nadie va a querer invertir ante un Estado fallido, sin seguridad jurídica, donde está en duda el estado de derecho”, explicó la diputada.

Vahlis manifestó que “el poder de los jueces constitucionales debe limitarse en lograr el equilibrio entre la necesidad de preservar la supremacía de la Constitución, honrar los principios democráticos y proteger los derechos fundamentales”, para poder “garantizar el estado de derecho”.

Por lo cual resaltó que “esta categoría de jueces constitucionales le son limitados y definidos esas facultades, pues no tienen la potestad de legislar, de lo contrario existe el peligro de incurrir en flagrante violación del principio de separación de poderes”, convirtiéndose en “el verdadero poder que gobierna, en vez de juzgar”.

“¿Se administra justicia?, definitivamente no, ya que esos hechos que nos arropan contrarian la esencia y naturaleza de ese principio fundamental, lo cual es la perfecta coincidencia que debe haber entre la supremacía constitucional y el principio democrático, donde debe imperar la verdad y la equidad”, puntualizó.

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