HRW advierte que Ley de Amnistía tiene “graves deficiencias”

La organización Human Rights Watch (HRW) aseguró este miércoles 13 de mayo que la aplicación de la Ley de Amnistía en Venezuela se caracteriza por “graves deficiencias”. Ante este panorama, instó a las autoridades del país a garantizar la “liberación incondicional” de todas aquellas personas detenidas o procesadas de manera arbitraria.

“La nueva ley de amnistía de Venezuela está muy lejos de garantizar la liberación de quienes fueron detenidos arbitrariamente por motivos políticos”, afirmó la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, en el nuevo informe de la ONG titulado Venezuela: injusta implementación de la ley de amnistía.

A su juicio, la aplicación “injusta y opaca” de la legislación, promulgada en febrero pasado, ha socavado la liberación de los presos políticos. HRW sostuvo que las autoridades deben garantizar que la norma se aplique de manera transparente y explorar vías legales adicionales para cerrar los procesos penales arbitrarios.

Restricciones y ambigüedad legal

HRW señaló que, aunque la ley afirma abarcar actos cometidos desde 1999, limita la elegibilidad a quienes hayan sido acusados de delitos en contextos de eventos específicos. Además, la ONG advirtió que la normativa incluye disposiciones vagas que permiten a los jueces denegar el beneficio a personas procesadas por actos protegidos por el derecho internacional.

Entre las deficiencias detectadas, se incluye que muchos solicitantes no se les informa debidamente sobre sus cargos. Asimismo, según reporta EFE, la organización denunció que los jueces han restringido el acceso a los expedientes y a la representación de abogados particulares, sin fundamentar debidamente las negativas de amnistía.

Denuncias de corrupción en tribunales

El pasado sábado 9 de mayo , la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró tener información sobre jueces que han realizado cobros irregulares durante el proceso de amnistía y exigió actuar contra ellos. Esta declaración coincide con denuncias de familiares de presos políticos, quienes en marzo reportaron exigencias de pagos en dólares en los tribunales para entregar las notificaciones de libertad plena.

La normativa contempla un periodo de 27 años, pero se limita a 13 eventos específicos, lo que excluye casos relacionados con operaciones militares, corrupción u homicidios. Según el gobierno, más de 9.000 personas han sido beneficiadas; sin embargo, la ONG Foro Penal sostiene que la ley se ha convertido en un obstáculo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos detenidos.

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