Tras las liberación de varios presos políticos en Bolívar, el abogado penalista Bladimir Martínez, representante legal de Romel Zabala, Carlos Martínez, Jesús Ramírez y José Cipriano Díaz, calificó las detenciones de cuatro de sus defendidos como un “fraude procesal”.
Asimismo, denunció la falta de claridad en las boletas de excarcelación emitidas recientemente.
Destacó que tras un año y dos meses de lo que Martínez describe como una “privación injusta de libertad”, sus representados han recibido medidas cautelares. Sin embargo, la defensa legal alerta que el proceso dista de ser una libertad plena.
De acuerdo al jurista, aunque las boletas de libertad citan el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal (ordinales tercero y cuarto), que implica presentaciones periódicas ante el tribunal que varían entre 8 y 30 días, así como la prohibición de salida del país o de su localidad, señaló que estas son “ambiguas” y no precisan bajo qué régimen estarán limitados sus defendidos.
Afirmó que no existió comisión de hecho punible ni evidencias de interés criminalístico, atribuyendo las detenciones a “situaciones políticas”.
De igual manera, la defensa anunció que en los próximos días se trasladará a la ciudad de Caracas para solicitarle acceso al expediente físico y pedir aclaratorias ante las autoridades judiciales.
A su vez, adelantó que buscarán la reparación de los daños sociales causados por el tiempo en prisión.
Continuidad de lucha legal
Por otro lado, el abogado enfatizó que pesar de las liberaciones parciales, continúan en la lucha para lograr la libertad del resto de los detenidos, entre ellos la abogada y miembro de Vente Venezuela en la región, Aida Brady, de quien esperan su pronta liberación.
“Consideramos que deben hacerse extensivas cuanto antes, las libertades sin restricciones”, declaró Martínez, haciendo un llamado a que se respete el derecho a la libre opinión y los derechos políticos consagrados en la Constitución.
Piden libertad para Omaira Salazar
Por su parte, Kailyn Noguera, hija de la activista Omaira Salazar, pidió la libertad de su madre detenida desde hace un año y tres meses, y quién presenta complicaciones de salud debido a una cardiopatía isquémica, hernia discal y hipertensión arterial.
“En este momento estamos pidiéndole a los funcionarios públicos y a todo aquel que le competa que por favor nos ayuden. Es una ayuda humanitaria ya que mi mamá se encuentra en condiciones de salud muy delicadas”, dijo.
Noguera afirmó que, desde que se anunciaron la medida de liberación para los presos políticos, hasta ahora no han recibido una notificación formal de la liberación de su madre, sin embargo, no pierden la fe.
“Pedimos de corazón que vean su caso, que lo revisen y que, por favor, sea excarcelada lo más pronto posible”, pidió.
La activista Omaira Salazar fue detenida el pasado 24 de octubre de 2024, en su vivienda ubicada en el sector Villa Bahía, Puerto Ordaz, tras su participación como coordinadora de un Centro de Votación en las elecciones realizadas el 28 de julio de ese año.
Actualmente se encuentra recluida en el Centro de Resguardo Preventivo Ramón Eduardo Vizcaíno, en San Félix.
