“CPI es un organismo jurídicamente válido”
Edwin Sambrano, abogado y defensor de los Derechos Humanos, resaltó que la “Corte Penal Internacional (CPI), es un organismo jurídicamente válido que se rige por el estatuto de Roma y que tiene competencia para juzgar crímenes de lesa humanidad”.
Esto con respecto a las denuncias que un grupo de opositores venezolanos hace ante el organismo, por el caso del funcionario Oscar Pérez y seis de sus compañeros, muertos en enero de 2018.
Sambrano señaló que los tratados internacionales se aplican en los Estados que los suscriben, aunque hay excepciones en las que aún no perteneciendo al Tratado, se puede juzgar dependiendo de lo grave del crimen.
En el caso de Pérez, expresó que hay pruebas suficientes para iniciar un proceso de investigación.
Recordó que este fue un hecho público y notorio en el que se vio el actuar el Gobierno de Nicolás Maduro.
“Aunque estaban armados, hubo un momento en el que se rindieron y no tomaron en cuenta esto; volaron el lugar en el que estaban, con armas casi de guerra, eso puede ser considerado un crimen de lesa humanidad”.
Además, comentó que también se pudiera considerar lo ocurrido como un crimen de odio, no se trata solo de siete muertos, sino de una acción que colocó en riesgo a personas que estaban alrededor y que no tenían nada que ver con el hecho.
Responsabilidades
Con respecto a los responsables en este caso, el abogado manifestó que la CPI puede investigar a Nicolás Maduro como autor intelectual, “ya que fue el que emitió la orden para realizar el ataque”, así como a los que concretaron los hechos.
“En estos casos se investiga al autor intelectual que acá sería Maduro y a los que cumplieron la orden que serían los cuerpos de seguridad del Estado”, precisó.
También pudieran ir tras los cómplices si son mencionados, por lo que están colocando la denuncia, refirió
Proceso
En cuanto al proceso que se tiene que llevar a cabo, informó que las pruebas presentadas por la parte acusadora tienen que ser verificables y que se puedan convalidar en los lapsos establecidos según la ley.
Asimismo, los acusados tienen derecho a su legítima defensa y, dado el caso, la CPI los puede ir investigando estando detenidos o luego de determinar su responsabilidad autorizar la orden de aprehensión.
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