Abogados analizan la decisión de la CPI sobre Venezuela

La visita del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, dio como resultado el inicio de una investigación formal en Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad.

Así lo determinó el funcionario a través de un memorando de entendimiento que firmó el pasado miércoles con el presidente de la República, Nicolás Maduro.

José Gregorio Beria, abogado penal y defensor de los Derechos Humanos, subrayó que la fase de investigación “no significa que un Estado es culpable o no”.

“Es una oportunidad de verificar el conjunto de denuncias que se pueden estar haciendo sobre el papel acerca de los Derechos Humanos”, acotó.

Comentó que las instituciones, entre ellos el poder judicial, la Fiscalía General de la República y el Ministerio Público, tienen el deber de investigar y sancionar los hechos que puedan ser considerados delitos de Derecho Humano.

“En Venezuela no existe ni un estado de guerra, ni existe un sistema dictatorial como ocurre en países donde los han sancionado”, puntualizó.

Recomendó “fortalecer” las instituciones que reciben denuncias de este tipo y sancionar a una autoridad que incurra en cualquier abuso.

“Lo del presidente Nicolás Maduro es un ataque sistemático de Estados Unidos y algunos dirigentes que usan el camino de la CPI para destituirlo”, añadió.

Hecho histórico

Patricia Borges, coordinadora del Foro Penal Venezolano capítulo Bolívar, indicó que dicha fase es un paso importante porque será una “investigación real” que le permitirá al fiscal entrevistar o reunirse con víctimas y testigos.

Aclaró que hasta los momentos la CPI se encontraba en una fase preliminar para determinar “si había lugar para crímenes de lesa humanidad”.

“Ahora pasa a la fase formal de investigación conforme a los establecido en el artículo 53 del Estatuto de Roma. Esto es un hecho histórico”, puntualizó.

El artículo 53 del Estatuto de Roma especifica que “el fiscal después de evaluar la información que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella”.

Borges comentó que la fase preliminar forma parte del proceso y esta permitió examinar si existían situaciones que “originaran la investigación”.

Acotó que el fiscal solicitó al Gobierno nacional que colaborara con lo que sea necesario.

“Estamos entrando en una realidad, en un proceso que puede generar justicia para las víctimas y castigo para los que cometieron los crímenes”, añadió.

La abogada subrayó que hasta los momentos no se sabe cuánto tiempo tomará la investigación por parte de la CPI.

“Depende de la colaboración del gobierno (…) Hay que ver los términos con que se desarrolle el proceso. Eso no es algo rápido, pero no significa que no se haga justicia”, opinó.

Detalló que durante los últimos años se han hecho denuncias y se entregaron pruebas con documentos sobre varios delitos.

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