Shakira acepta fraude fiscal y pagará multa para evitar ir a la cárcel

 Shakira aceptó defraudó 14,5 millones de euros a la Hacienda española entre 2012 y 2014. Tras semanas de negociaciones, la cantante colombiana ha pactado finalmente con las acusaciones —Fiscalía, Abogacía del Estado y Generalitat— una pena de tres años de cárcel (que no cumplirá) y el pago de una multa de 7,3 millones de euros.

A cambio de aceptar los hechos y de pagar la cuota defraudada (ya la devolvió), el acuerdo ha rebajado de forma sustancial las penas: la Fiscalía pedía inicialmente ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,5 millones. El pacto contempla también la sustitución de la pena de prisión por el pago de otra multa, de 432.000 euros.

El magistrado José Manuel del Amo ha dictado de viva voz la sentencia, que al ser fruto de una conformidad ya es firme. No cabe la posibilidad de recurso y, además, ya no habrá más sesiones del juicio y Shakira podrá regresar de inmediato a Miami con sus hijos.

Tal como estaba planteado, el proceso penal iba a ventilar el día a día de la artista en Barcelona durante los años en que mantuvo una relación sentimental con el exdefensa del Barça Gerard Piqué. Estaba prevista la declaración de hasta 117 testigos que, en esa época, tuvieron tratos personales y profesionales con ella.

La necesidad de evitar esa exposición pública y de minimizar el riesgo de prisión la han llevado a aceptar el pacto.

“Tengo que escoger mis batallas y la más importante ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos, sin someterlos a la angustia de ver a su madre en un juicio penal con el desgaste que supone”, ha afirmado en un comunicado que su equipo ha enviado justo cuando Shakira aceptaba la pena por fraude fiscal.

“Ahí vamos”, ha dicho Shakira a los periodistas al entrar en la Audiencia de Barcelona, al filo de las 10.00, hora prevista del inicio del juicio. Afuera, en la calle, la policía había desplegado un amplio dispositivo de seguridad para nada: ningún aficionado se ha presentado en el paseo de Lluís Companys para saludarla o darle apoyo, al contrario que algunos funcionarios del edificio judicial, que han asomado la cabeza para verla llegar enfundada en unas gafas de sol y vestida toda de rosa. La sesión ha durado apenas 10 minutos, los que el magistrado ha necesitado para informar de que se había alcanzado un acuerdo de conformidad. Shakira se ha sentado en el banquillo y se ha puesto delante del micrófono solo para decir que estaba al corriente del acuerdo (ya lo había firmado), que lo aceptaba y para dar las gracias.

Con el acuerdo, Shakira admite que, entre 2012 y 2014, era residente fiscal en España y debía pagar aquí sus impuestos. Esa ha sido, desde el inicio de la investigación, la cuestión a debate.

La cantante siempre defendió que en ese periodo era una nómada que viajaba por todo el mundo dando conciertos y que sus únicas visitas a Barcelona, siempre esporádicas, eran para visitar a Piqué.

La Agencia Tributaria llevó a cabo una intensa investigación contactando con proveedores de servicios y profesionales que asistieron a Shakira en esa etapa, y llegó a la conclusión de que pasó más de la mitad del año en España, condición necesaria para que un ciudadano sea considerado residente fiscal.

La investigación se basó en la recopilación de testigos que, a partir de este lunes, iban a desfilar por la sala de vistas para dar cuenta de la vida de la cantante en esa época.

Ya no será necesario con un pacto que concreta que la multa será el 50 % de la cuota defraudada y que le aplica la atenuante de reparación del daño, ya que había abonado con anterioridad los 14,5 millones de euros más los intereses. Antes hubo intentos de pacto, pero fracasaron.

El primero, en verano de 2022. Los términos eran ya muy similares a los que se han sellado este lunes: Shakira aceptaría una pena de prisión de no cumplimiento, asumiría los hechos y pagaría una multa.

Si las negociaciones no fructificaron fue en parte por la insistencia de su entorno en que peleara porque podía ganar el caso. La artista acabó dando un portazo a la Fiscalía y la acusó de “intransigente”. A los pocos días, el ministerio público presentó su escrito de acusación.

Las conversaciones quedaron congeladas. Pero, a medida que se acercaba la fecha del juicio (fijada para el 20 de noviembre), y sobre todo tras su ruptura con Piqué, Shakira volvió a perseguir el pacto.

Cambió de abogados y fichó al penalista Pau Molins, que había ganado un caso muy similar, también sobre la condición de residente fiscal de un cliente: el exmotociclista Sito Pons. Con la intención de hacer borrón y cuenta nueva, Molins volvió sobre las negociaciones con la Fiscalía este verano, pero tampoco se concretaron.

Todo apuntaba a que habría juicio hasta que, hace unas semanas, se retomaron las negociaciones.

Pese al pacto, los problemas de Shakira con la justicia en España no han terminado.

La Fiscalía presentó una segunda querella por presunto fraude en Hacienda en el año 2018. La acusa de defraudar seis millones de euros por utilizar un “entramado de empresas” para “simular” la cesión de derechos a empresas instrumentales.

El ministerio ha pedido que la Interpol notifique a la artista, que reside en Miami, la querella y la citación para que declare como investigada por dos delitos fiscales.

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