¿Votamos o elegimos?
El presente artículo seguramente será leído a tan solo horas de haberse llevado a cabo uno de los procesos electorales más cuestionados y con mayor repudio en la historia reciente a nivel nacional e internacional.
Los resultados serán lo más seguro, igual de cuestionados y repudiados por resultar estos como la conclusión de todo un andamiaje que se fraguó y construyó, con el único propósito de retomar el último de los cinco poderes públicos que no es del total control del Ejecutivo nacional.
Las irregularidades acontecidas y acometidas para este proceso electoral, fueron de las más grotescas y por ello considero importante desde mi responsabilidad de ciudadano resaltarlas y exponerlas.
El ejercicio ciudadano del voto es uno de los logros y avances obtenidos luego de históricas luchas a nivel global, con las que se vio reivindicada esta especial libertad de elegir a quienes regirán los poderes públicos y las instituciones que componen los cimientos del ejercicio del Estado.
Es también uno de los más importantes Derechos Humanos de primera generación alcanzado y reflejado en el artículo 21 numeral 3 de la Declaración Universal, así también es uno de los Derechos Fundamentales consagrado y garantizado por nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 63, por lo cual debería ser uno de los derechos ciudadanos cuya protección y resguardo debe el Estado garantizar con énfasis en su libre ejercicio.
No obstante, en la práctica, en Venezuela ha sido uno de los más cuestionados desde buena parte de la historia política reciente en toda la región, ya que la libertad de ejercer tal derecho ha sido garantizada, más no así la incolumidad y los efectos del voto, arrastrando esta situación a la infame frase que colectivamente se escucha de que en Venezuela “se vota pero no se elige”.
Comencemos por destacar las particularidades de nuestro sistema electoral que sirve como mecanismo para ejercer nuestro derecho Constitucional al sufragio.
Tal como lo indiqué, nuestra Constitución prevé y consagra al sufragio como derecho político de todos los ciudadanos con capacidad para ejercerlo y este deber ser garantizado por el Estado, por ello las autoridades electorales deben garantizarle a los ciudadanos ejercer tal derecho mediante unas elecciones “libres, universales, directas y secretas…”, tal cual reza en el artículo 63 de nuestra Carta Magna.
De manera que, si bien tenemos el Derecho Constitucional al sufragio, ejercerlo implica mucho más que la simple instalación del proceso electoral, sino que también debe garantizarse la libertad para ejercerlo.
Esa libertad encierra el deber del Estado de garantizar que cada voto elija la opción individual escogida por cada elector y que esa opción emitida en secreto de alguna forma se materialice en la elección del candidato correcto y no otro distinto al expresado por la población votante. Es en este elemento en el que precisamente se ha centrado la desconfianza en los electores, ya que muchos han sido los eventos electorales en los que se han proclamado ganadores a candidatos abiertamente rechazados por la población.
Pero ¿donde radicará el verdadero problema de nuestro sistema electoral? Para hacer énfasis en este punto, hay que aclarar que nuestra Constitución prevé el derecho al sufragio y le agrega los indispensables elementos que debe contener cada elección: libre, universal, directo y secreto, sin embargo no establece el cómo y es allí donde la Ley Orgánica de Procesos Electorales impone en su artículo 121 que el acto de votación ha de ser automatizado, de manera que el voto válido es el que el sistema arroje y no aquel que pueda probarse mediante el comprobante de votación, el acta de totalización o el cuaderno de votación, como bien lo ha hecho valer el oficialismo.
En este caso es bueno recordar y traer a colación como ejemplo el caso de la Gobernación del Estado Bolívar, en donde el candidato opositor Andrés Velázquez con acta de totalización en mano impugnó el proceso electoral, convirtiéndose ello en una discusión de carácter probatorio en un pleito judicial interminable e infinito, que hace posible la asunción ilegítima del poder y produce las más nefastas consecuencias, el ejercicio ilegítimo del poder que se traduce también a la larga, en la desconfianza del elector acarreando el desánimo y la apatía para futuros procesos electorales.
Ahora bien conocido el tecnicismo jurídico endosado con cierta discreción en la Ley de Procesos Electorales, hay que hacer mención a un factor que año a año ha ido socavando todo lo que atañe al sistema electoral venezolano, el cual es el necesario elemento de la legitimidad.
Es abiertamente conocida la pérdida de la legitimidad que ha sufrido día a día el oficialismo; ya no ostentan aquellos números que en otrora les hacía ufanarse del apoyo popular a grandes escalas, por ello ya no es suficiente el tecnicismo jurídico para proclamar a sus candidatos, sino que hace falta construir un andamiaje aún más grande que les permita mantenerse en el poder y exhibir al país y al mundo, aunque torpemente un talante democrático del que adolecen, pero hay que salvar algo de las formas y por ello se aventuran aunque sea de manera ficticia, a llevar a cabo con su tropelía y sus atropellos las sucesivas elecciones ilegales e ilegítimas usando para ello una narrativa fatua de respetar las leyes.
Son ya infinitas las acciones ilegales que el Ejecutivo ha desplegado para asaltar el Poder Legislativo logrado por una buena parte del sector opositor en el 2015. Desmantelamiento sistemático de la Asamblea Nacional usando para ello al Poder Judicial en pleno, encarcelamiento y persecución de líderes políticos, despojo de los partidos políticos a sus directivas legítimas, construyendo a partir de ello unos partidos de oposición a su medida, liderados por oscuros personajes abiertamente expuestos en vulgares hechos de corrupción que prueban su felonía y traición.
Pero nunca es suficiente en la carrera desmedida por el poder absoluto, a todos los anteriores atropellos se le suman los acostumbrados desmanes que desde lo electoral siempre han acometido, falta de depuración del Registro Electoral Permanente, cambio ilegal e inconsulto del sistema automatizado de votación, luego de la evidente vulneración a la seguridad del sistema anterior públicamente divulgado por la propia casa prestataria del servicio, migración inconsulta e ilegal de votantes de sus centros de votación, supresión de máquinas y reducción ilegal de centros de votación y un sinfín de hechos ilegales que hacen de estas elecciones las más cuestionadas y rechazadas de la historia electoral reciente.
Venezuela en consecuencia de ello se ha convertido muy a pesar del deseo popular en el país, en el que más elecciones se producen pero en el que más descontento electoral se reporta. Particularmente soy del pensamiento que en Venezuela desde la instauración del sistema electoral automatizado el ejercicio del derecho al sufragio se ha manejado a voluntad y muy lamentablemente ha instaurado en el pensamiento colectivo la frase con la que inicié este artículo “votamos pero no elegimos”, por ello me lleva a cuestionar esta y cualquier otra elección organizada por este CNE y dentro de este sistema de opresión.
Usted que me lee ¿realmente cree que elegimos?
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