Venezuela, un país víctima de las sanciones
Venezuela lleva más de ocho años sancionada por Estados Unidos. Ocho años de hostilidades políticas coordinadas entre el gobierno de turno de Estados Unidos y un alienígeno sector de la oposición venezolana que persigue llegar al poder por la vía de la fuerza y de la destrucción económica. El relato de justificación de estas medidas es que se buscan generar cambios en el comportamiento de la élite gobernante venezolana, también, una “salida express” del presidente Nicolás Maduro del poder. Si hacemos una evaluación retrospectiva utilizando la evidencia conocida por todos, podemos concluir que las Medidas Coercitivas Unilaterales, calificadas de esta manera por la ONU, no han logrado un quiebre dentro del gobierno, al contrario, las relaciones energéticas con China se han fortalecido y la producción de petróleo ha tenido un incremento considerable de más del 8% en lo que va de año. Las sanciones, mejor conocidas por todos, son sinónimo de fracaso, mediocridad política y estancamiento.
El impacto negativo de las sanciones sobre la población y el sector privado son un asunto muy estudiado en el mundo. En Estados Unidos, los economistas americanos Mark Weisbrot y Jefrrey Sachs, ambos miembros del Center for Economic and Policy Research, señalaron en un estudio en 2019 que las sanciones agudizaron la crisis económica del país y la salud de los venezolanos al impedir el ingreso de medicinas, insumos médicos y otros productos de uso diario. Otra investigación del año 2020, por parte de WOLA The Washington on Latin America y el economista Luis Oliveros, reflejaron los problemas de la importación de alimentos y medicinas como consecuencia de las sanciones. Este castigo colectivo va directo a la gente y no al estamento político.
La población venezolana también se ha expresado sobre este tema. Según un estudio por la encuestadora Datanalisis, más del 80% de los venezolanos está de acuerdo con la eliminación de las sanciones, pero a pesar de esto, todavía hay políticos como María Corina Machado que opinan que las sanciones y la revocación absoluta de las licencias petroleras son el remedio para lograr un cambio político. Otros dirigentes, incluso desde el exterior y la tranquilidad económica, le han pedido al gobierno del presidente Donald Trump un reforzamiento de las sanciones, sin importar que los mismos funcionarios norteamericanos reconozcan su ineficacia política. Parece a simple vista que el objetivo de estos políticos no es producir mejoras económicas para la población sino contemplar el sufrimiento y las desgracias cotidianas de la gente como una forma de justificar su decisión de estar fuera de Venezuela. Resulta insólito, pero es una realidad, que existen ciudadanos venezolanos que se alegran por la revocación del TPS, las sanciones económicas, el aislamiento aeronáutico, comercial y hasta una derrota deportiva de la selección Vinotinto ya que clasificar al mundial significa, “normalizar” la situación y estabilizar al régimen. En el fondo hay mucho resentimiento, frustraciones personales y hasta daño psicológico.
No toda la presión sobre el gobierno son las sanciones. En el año 2019, Donald Trump, puso sobre la mesa la intención de una intervención militar en Venezuela, así como la aplicación de más sanciones sobre el país con el consentimiento de dirigentes como Juan Guaidó, María Corina Machado y Leopoldo López. Las consignas que contaminaban la opinión pública de ese momento rechazaban el diálogo, la negociación y la elección. El macabro planteamiento era, que Venezuela tenía que atravesar una “hecatombe económica” que debilitara las estructuras del poder central y esto permitiría un “cese de la usurpación” “un gobierno de transición”. Nada de esto se materializó. Esto de sancionar a Venezuela se convirtió para muchos en un negocio de lobbies e interés electoral, tal como sucede con la congresista republicana María Elvira Salazar y el sur de la Florida. Para otros, una forma de recibir donaciones bajo la instrumentalización de la situación política en Venezuela. En pocas palabras un “modus vivendi”.
Hoy el tema de las sanciones parece esconderse en el discurso político, pero hay que recordar que Venezuela sigue siendo un país víctima de estas despiadadas medidas que afectan todo el aparato productivo nacional, la empresa privada y la gente. Cada vez es más evidente la falta de autonomía y la penosa dependencia de estos dirigentes hacia los Estados Unidos y Donald Trump. La política tutelada de los últimos años ha demostrado la incapacidad de construir una estrategia venezolana sensata y compartida por todos los sectores que le permita a la oposición hacer política con mayores oportunidades sin esperar que gane un demócrata o un republicano unas presidenciales. Bajarle la cabeza a Donald Trump o Nayib Bukele sobre las deportaciones y el secuestro de venezolanos le resta credibilidad y capacidad política a cualquier dirigente que aspire llegar al poder o que por lo menos aspire a convertirse en un referente a nivel nacional para un proyecto de cambio.
Las sanciones económicas han generado muchos aprendizajes en Venezuela, el país atravesó un desierto incluso en los peores momentos de una pandemia mundial. Cada vez son más los gobiernos que rechazan las sanciones y este tipo de acciones violatorias del derecho internacional. A pesar del hostigamiento económico, los distintos tipos de bloqueos, la guerra cognitiva y las múltiples amenazas, el petróleo venezolano sigue siendo un principal elemento de interés para todo el mundo. Sobre todo, en un escenario internacional marcado por la incertidumbre y la guerra.
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