Sismo y colapso institucional.
El reciente sismo con epicentro en Yaracuy ha puesto al descubierto, de la manera más dolorosa imaginable, la vulnerabilidad extrema a la que ha sido conducida Venezuela.
Un desastre natural es inevitable y no distingue ideologías; sin embargo, la capacidad de un país para proteger a sus ciudadanos y mitigar el daño, depende enteramente de la solidez de sus instituciones. Hoy, esa solidez comprobamos que es inexistente.
Venezuela asiste a esta emergencia con sus capacidades estructurales desmanteladas. Resulta una paradoja trágica que la nación con las mayores reservas de petróleo, gas y minerales valiosos del planeta, carezca de maquinaria pesada, ambulancias y personal de rescate suficiente.
El éxodo de más de ocho millones de venezolanos por razones económicas unos y políticas otros, no es solo una cifra estadística; es la ausencia física de los profesionales y voluntarios que hoy se necesitan desesperadamente para remover escombros y salvar vidas bajo las ruinas.
La gravedad de la situación se agudiza cuando la respuesta institucional ante la ayuda internacional se rige por la parsimonia y el celo político.
Es incomprensible que contingentes de rescatistas provenientes de países hermanos, equipados con tecnología de punta, hayan tenido que enfrentar trabas burocráticas y demoras en la frontera, mientras el tiempo corría en contra de los sobrevivientes.
Del mismo modo, la decisión de centralizar y politizar la recepción de donaciones —excluyendo a sectores civiles y de oposición— transforma una crisis humanitaria en una disputa electoral. La solidaridad no debe tener carnet político.
Nuestros hospitales, desprovistos de insumos básicos y de especialistas médicos —quienes también se vieron forzados a migrar—, se han convertido en receptáculos de la impotencia colectiva.
Mientras la comunidad internacional intenta suplir estas carencias, la diplomacia y actores encargados de tutelar el proceso de transición, parecen dialogar con el vacío, mostrando una desconexión preocupante con la urgencia que se vive en las calles.
No se puede evitar que la tierra tiemble, pero es una obligación moral garantizar que el Estado esté listo para auxiliar a su pueblo.
La reconstrucción de Venezuela no puede esperar el ritmo perezoso de una política desconectada de la realidad; requiere un cambio inmediato, institucional y humano, antes de que el olvido sepulte el futuro del país.
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