Opinión

“Tramparencia Soberana”

Ocultar, suprimir o maquillar el rastro documental de los fondos públicos, como lo ocurrido con el portal web: Transparencia Soberana, no es un simple desliz administrativo; es la antesala probatoria del posible peculado y el sepulcro de la confianza ciudadana en las instituciones.
Artículo de opinión
lunes, 16 noviembre 2026

La rendición de cuentas no es una concesión graciosa del gobernante de turno, sino un mandato constitucional de estricto cumplimiento. Cuando el poder público administra el patrimonio común de una nación, especialmente aquel derivado de su principal fuente de riqueza, la publicidad de los actos financieros constituye la primera línea de defensa contra la corrupción administrativa.

Sin embargo, el reciente hallazgo en torno al portal oficial “Transparencia Soberana” revela una patología que desborda la simple negligencia técnica: la desaparición, supresión y reclasificación opaca de información crítica sobre el destino de miles de millones de dólares de fondos públicos.

Para comprender la gravedad de este suceso desde la óptica constitucional y penal, es imperativo recordar que el artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra taxativamente que la Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.

A la par, el artículo 315 establece la obligación ineludible de detallar con precisión los objetivos y resultados de la gestión fiscal. Cuando una plataforma concebida precisamente para exhibir el manejo de los fondos soberanos presenta vacíos inexplicables, omisiones deliberadas o mutaciones contables que ocultan la trazabilidad real del dinero, el Estado no incurre en un mero error informático: perpetra una violación flagrante del pacto constitucional.

Ocultar, suprimir o maquillar el rastro documental de los fondos públicos, como lo ocurrido con el portal web, Transparencia Soberana, no es un simple desliz administrativo; es la antesala probatoria del posible peculado y el sepulcro de la confianza ciudadana en las instituciones.

A la luz del ordenamiento jurídico penal venezolano, específicamente bajo el rigor de la Ley Contra la Corrupción, la desaparición o alteración de información financiera vinculada al erario nacional encuadra en una constelación de tipos penales de extrema gravedad.

En primer término, cuando un funcionario público sustrae, destruye, oculta o inutiliza documentos, registros o datos informáticos que están bajo su custodia en razón de su cargo para impedir la fiscalización del gasto, se configura el delito de ocultamiento o destrucción de documentos públicos o registros contables, sin perjuicio de las responsabilidades derivadas de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos por el sabotaje o manipulación de sistemas que albergan información de interés público.

Más aún, desde la perspectiva de la criminalística financiera, la supresión de los soportes detallados de ejecución presupuestaria, como ocurre cuando miles de millones de dólares son englobados bajo etiquetas genéricas o reclasificados arbitrariamente sin respaldo documental verificable, constituye un indicio grave, preciso y concordante de eventuales delitos de peculado doloso o evasión de los procedimientos de control fiscal.

En el proceso penal moderno, la opacidad deliberada opera como un mecanismo de encubrimiento: quien maneja los recursos públicos con probidad exige auditorías y exhibe cada factura; quien borra la huella digital del gasto pretende blindarse contra la futura acción de la justicia.

Adicional a ello las consecuencias legales de estos actos no se agotan en el plano administrativo ni se extinguen con el paso del tiempo. Conforme al artículo 271 de nuestra Carta Magna, no prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra el patrimonio público.

Quienes hoy ordenan o ejecutan la supresión de información en los portales oficiales parecen olvidar que el Estado de Derecho, tarde o temprano, recobra su imperio, y que la responsabilidad penal es estrictamente individual. Ninguna orden superior ni ningún argumento de “razón de Estado” exime de culpa a quien participa en la ocultación del destino de los recursos que pertenecen al pueblo venezolano.

Por último, la cereza que corona el pastel, este “borrado de fondos” por cifras millonarias derivadas de la comercialización, también entre sombras, del petróleo con los Estados Unidos, ocurre en paralelo a las manifestaciones nacionales de múltiples sectores, entre ellos el de los trabajadores de las empresas básicas de Guayana, quienes alcanzaron parcialmente los objetivos de sus protestas, al aprobarse el pago de un pírrico monto, si se compara con los millones borrados, quizás por eso fueron suprimidos, para no generar las cuentas entre lo ingresado y lo erogado, pero se les olvidó que hoy por hoy hay muchas más personas documentándolo todo, por eso quedó retratada la huella de su acción.

La verdadera transparencia no se decreta en alocuciones ni se satisface con gráficos superficiales que eluden el escrutinio ciudadano. Exige trazabilidad absoluta, auditorías independientes y el respeto sagrado al derecho de los ciudadanos a saber en qué se invierte cada bolívar y cada divisa que ingresa a las arcas de la República.

Mientras los datos desaparezcan de la vista pública, la sombra de la impunidad seguirá pesando sobre las instituciones, recordándonos que allí donde muere la transparencia, comienza invariablemente el reino del delito.

 

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