Junta de Gobierno y transición democrática
La crisis política, económica y social de Venezuela exige soluciones estructuradas que garanticen la libertad, la justicia, la estabilidad y el retorno definitivo a la democracia. En este escenario, la instalación de una Junta de Gobierno para la Transición Democrática se presenta como la alternativa más viable para sustituir al régimen actual y asumir la conducción temporal del Estado, con firmeza, rectitud y celeridad.
Para reflejar un equilibrio real y operativo, la Junta de Gobierno debe estar conformada por cinco (5) miembros con perfiles de incuestionable solvencia ética, rigor intelectual y amplia trayectoria en áreas neurálgicas: administración pública, sistema de justicia, educación y sector militar.
Cada aspirante deberá contar con el respaldo institucional escrito que avale su trayectoria. La estructura de representación propuesta, equilibra las distintas fuerzas del país bajo un esquema de acompañamiento internacional, incluyendo un representante del oficialismo dispuesto a facilitar el tránsito hacia un nuevo orden y tres representantes del sector democrático, como voceros de las fuerzas sociales mayoritarias.
El nombramiento del miembro designado por el Tutor de la transición, sería efectuado por la Secretaría de Estado de los Estados Unidos y los cuatro miembros restantes, los elegirá un Comité de Selección integrado por el Secretario de Estado de los EE. UU., el presidente electo Edmundo González Urrutia y la presidenta de la Asamblea Nacional reconocida, Dinorah Figuera.
Pasos a seguir
Una vez instalada, la Junta de Gobierno asumirá de manera inmediata la conducción del Ejecutivo nacional. Su primera acción impostergable será la liberación incondicional de todos los presos políticos, devolviendo la dignidad a cientos de familias y sentando las bases del reencuentro nacional.
De forma simultánea, se nombrará una comisión de alto nivel encargada de la reinstitucionalización democrática, particularmente y con máxima celeridad, la del CNE y un comité especial para la reestructuración integral del Estado, orientado a devolver la independencia y eficiencia a los poderes públicos.
El modelo productivo requiere, igualmente, una transformación radical basada en la transparencia, la auditoría y la apertura al capital privado.
En el sector energético se creará una comisión de altísimo nivel para su dirección; la empresa estatal Pdvsa se reducirá a una estructura técnica de auditoría y contraloría, responsable por la supervisión de las empresas privadas a las que se otorgará la explotación de yacimientos petroleros y las operaciones de generación eléctrica hidráulica y termoeléctrica.
Asimismo, se establecerá una comisión contralora para auditar el parque industrial del país, disponiendo la privatización de las empresas bajo el conglomerado de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y otras estatales para reactivar la producción nacional con criterios de mercado.
Finalmente, una comisión especializada, asumirá la contraloría del sector bancario y financiero para garantizar la estabilidad monetaria y atraer inversión extranjera.
Si estos objetivos se ejecutan con estricta transparencia y celeridad, Venezuela no solo superará la parálisis institucional, sino que dará un paso decisivo e irreversible hacia el progreso, la libertad y el Estado de derecho.
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