Impunidad a cambio de petróleo
La extracción de Nicolás Maduro parecía marcar el fin de una pesadilla y el inicio de la restitución republicana. Sin embargo, el guion posterior ejecutado por Washington dinamitó esa esperanza. En lugar de abrir paso a la transición democrática, la Casa Blanca optó por pactar con la dictatorial cúpula residual. Al dejar el poder en manos de una vicepresidencia cómplice directa de persecución, destrucción del aparato productivo y colapso humanitario, no se abrió paso a una transición, sino que se recicló a una nefasta tiranía.
La contradicción ética es flagrante. Si la meta de Estados Unidos era la libertad de Venezuela, el único camino legítimo consistía en respetar el mandato popular indiscutible del año 2024 y respaldar al liderazgo que venció con más del 80% de los votos. En su lugar, se recurre a maniobras administrativas y pretextos de seguridad para impedir el regreso de los auténticos vencedores, mientras se reviven figuras políticas de una Asamblea Nacional caduca y se negocia a espaldas de la ciudadanía.
Detrás de este viraje no hay ingenuidad diplomática, sino un pragmatismo descarnado: el control de los recursos energéticos. Por otro lado, la denuncia de acuerdos multimillonarios donde intervienen estructuras opacas y operadores con prontuarios judiciales internacionales, deja muy mal parada la retórica de Washington. ¿Desde cuándo el tan cacareado faro de la democracia mundial se asocia con verdugos y testaferros para asegurar energía fósil a costa de los derechos de una nación hermana?
Venezuela debe poder comercializar sus recursos energéticos y minerales de manera transparente y competitiva. Su soberanía jamás debe ser la moneda de cambio que garantice negocios corporativos a expensas de la justicia. De nada sirve derrotar a una dictadura si se va a imponer un tutelaje de extracción que trate a los venezolanos como rehenes y a su tierra como un simple botín.
El pueblo venezolano no sacrificó años de lucha cívica para sustituir la cruel opresión por una tutela foránea subordinada al interés petrolero. Ignorar la soberanía popular ya enciende un malestar cívico inocultable que ya hace su aparición en las calles. La paciencia tiene límites y la legitimidad no se subasta en oficinas o despachos extranjeros.
La Casa Blanca y el Departamento de Estado deberían rectificar de inmediato. El camino no debe ser el de las componendas con un aparato represivo, ni tampoco el de las dilaciones malintencionadas: se hace obligatorio reconocer la victoria ciudadana del 2024 y convocar a elecciones presidenciales libres y verificables de inmediato, sin tutelas ni socios siniestros, y sin más demoras.
Ciudad Guayana, 27 de septiembre del 2026.
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