TSJ rechazó informe de comisión de la ONU

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Maikel Moreno, en nombre del Poder Judicial venezolano expresó su contundente rechazo al informe de la ONU sobre los Derechos Humanos en Venezuela.

Considera que fue “elaborado por una comisión paralela e impulsada por el hostil y minoritario auto determinado Grupo de Lima, quienes impusieron este mandato cuyo principal objetivo es cuestionar al legítimo Gobierno de Venezuela y sus instituciones”.

En el pronunciamiento, Moreno estuvo acompañado por los integrantes de la Junta Directiva del TSJ: el primer vicepresidente, magistrado Juan José Mendoza Jover; la segunda vicepresidenta, magistrada María Carolina Ameliach Villarroel; el presidente de la Sala de Casación Civil, magistrado Yván Darío Bastardo Flores; la presidenta de la Sala de Casación Social, magistrada Marjorie Calderón Guerrero y el presidente de la Sala Electoral, magistrado Malaquías Gil Rodríguez.

Señaló el magistrado Maikel Moreno que el informe se apoyó en una írrita resolución que vulnera los principios del derecho internacional expresados en el respeto a la soberanía, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia de los asuntos internos y la integridad territorial, e igualmente vulnera los principales pilares del multilateralismo como son el diálogo genuino y la cooperación.

Agregó que la elaboración del informe se hizo de forma unilateral y parcializada, “evidenciándose una franca manipulación y el uso indebido del sistema internacional de derechos humanos, y desnaturalizando el trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, elaborando un informe paralelo con la finalidad de aniquilar la verdadera imagen sobre las garantías a los derechos humanos impulsadas por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”.

El Presidente del TSJ también señaló que con el informe se pretende subrogar los protocolos acordados con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en temas tan sensibles, convirtiéndose esta supuesta misión independiente, en un nuevo mecanismo de agresión que pretende esbozar y publicitar una serie de apreciaciones sesgadas y unilaterales sobre la situación de los DD.HH. en Venezuela.

“Tal y como se ha expresado por los distintos representantes del Poder Público Nacional, el informe, carece de los protocolos esenciales para la verificación y consolidación de la información obtenida, ya que no se realizó en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela y se fundamentó en deposiciones de presuntas víctimas y testigos promovidos de manera anónima y unilateral, incumpliéndose el principio elemental de transparencia que debe caracterizar cualquier actuación del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, precisó el magistrado Maikel Moreno.

Indicó que el informe no vislumbra la verificación real de la situación jurídica de los presuntos agraviados.

Reiteró que la República Bolivariana de Venezuela, es un Estado garante de la paz y de la progresividad de derechos humanos.

“Lamentamos que estas prácticas, al margen de la racionalidad y de la buena fe que rige las relaciones internacionales entre los Estados y los organismos multilaterales como Naciones Unidas, sirvan de instrumento para tratar de entorpecer y destruir los procesos de diálogos establecidos entre el gobierno y la oposición para la resolución pacífica y democrática de sus conflictos”, manifestó.

Presidente del TSJ: Informe publicado el 16-S sobre DD.HH. carece de legitimidad necesaria para sostener y promover este tipo de documentos https://t.co/WgCk3Y2aMJ pic.twitter.com/tEUtrr8tlH

— Maikel José Moreno Pérez (@MaikelMorenoVEN) September 21, 2020

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