Solicitan alerta roja internacional contra nueva directiva de la AN de 2015

El fiscal general Tarek William Saab, informó este lunes que además de las órdenes de aprehensión contra la nueva directiva de la Asamblea Nacional de 2015 conformada el pasado 5 de enero, también solicitó alerta roja internacional.

“Además de las órdenes de aprehensión, se solicitó alerta roja internacional, medida de incautación y aseguramiento de los bienes, bloqueo e inmovilización de cuentas y prohibición de enajenar y gravar”, dijo Saab en una rueda de prensa.

Las medidas fueron emitidas contra la presidenta de la AN de 2015, Dinorah Figuera; la primera vicepresidenta, Marianela Fernández; y la segunda vicepresidenta, Auristela Vásquez, así como también, contra el secretario José Figueredo Márquez, y el subsecretario Luis Alberto Bustos.

“Estas tres ciudadanas viven en el extranjero, dos en España y una en Estados Unidos. Vamos a ver qué hacen los gobiernos de esos países con nuestras solicitudes (…) Dichas solicitudes fueron acordadas el 7 de enero por el Juzgado 2º de Control contra Terrorismo”, indicó.

“No se trata de dinero donado, se trata de dinero que le pertenece al pueblo de Venezuela, de los venezolanos, que ha sido robado por este grupo de malandros”, expresó Saab.

Sobre Monómeros

Aprovechó para informar que hay un total de 22 investigaciones que ha adelantado el Ministerio Público por las “diversas irregularidades cometidas por el autodenominado gobierno interino, por los delitos de usurpación de funciones, legitimación de capitales, terrorismo, tráfico de armas, traición a la patria y asociación, entre otros”.

Indicó que adicionalmente se suman otras cinco investigaciones relacionadas con irregularidades en la empresa Monómeros, por lo que alcanzan un total de 27 causas contra “esta banda de delincuencia organizada que ha desangrado al país”.

En tal sentido, destacó la designación ficticia de juntas directivas en Citgo, Pequiven y Monómeros, con las que no solo se saquearon estas empresas, sino que se suscribieron acuerdos con otros agentes internacionales en desventaja para los intereses del Estado venezolano.

Mencionó que adicionalmente se crearon fideicomisos para manejar los activos pertenecientes a las referidas empresas.

También se refirió a la designación ficticia de una Junta Directiva del Banco Central de Venezuela, lo que comprometió activos venezolanos que se encontraban en el Banco de Inglaterra e impidió la movilización de estos.

Señaló adicionalmente el robo de activos que se realizó bajo la bandera de un falso esquema para su recuperación, el cual tenía como fin real el saqueo de estos a través de la asignación directa de írritos y viciados contratos con el Consorcio Caribbean Recovery Asset.

Habló sobre el desvío de fondos de ayuda humanitaria, lo que implicaba el aprovechamiento de dinero adjudicado al estado venezolano destinado a atender a los connacionales que se encontraban en territorio colombiano, acción que tuvo lugar en virtud del nombramiento inconstitucional y contrario a la ley de Kevin Rojas y Edith Barrera como representantes de Venezuela en territorio colombiano.

Con respecto a los “actos ficticios de gobierno”, en la actualidad existen 65 personas con orden de aprehensión, 12 con solicitud de extradición, tres detenidas que se encuentran acusadas, 59 allanamientos realizados y 55 incautaciones.

Sobre actos conspirativos armados (Operación Gedeón I y II y Operación Libertad), un total de 193 personas cuentan con orden de aprehensión, una con solicitud de extradición, 123 están detenidas y ya fueron acusadas, de ellas 16 en fase preliminar, 45 en juicio, 63 ya condenadas, y se han practicado 51 allanamientos y 91 incautaciones.

En cuanto a las irregularidades en Monómeros, se han acordado 30 órdenes de aprehensión, existen tres personas detenidas ya acusadas, se han realizado 27 allanamientos y tres incautaciones.

En total, se han acordado 288 órdenes de aprehensión, han sido detenidas 129 personas, las cuales ya han sido acusadas; hay 13 con solicitud de extradición, 63 han sido condenadas, se han practicado 137 allanamientos, se han realizado 149 incautaciones y se han dictado 261 medidas reales.

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