Nación

Saab dice que a la CPI le falta de imparcialidad

Según Saab, el país ha brindado a la Fiscalía de la CPI suficientes elementos que demuestran que se han investigado y sancionado con severidad.
sábado, 22 julio 2023
Cortesía | El fiscal venezolano señaló que Estados Unidos ha evitado someterse a la jurisdicción de la CPI

En una reciente declaración, el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, ha expresado duras críticas hacia la Corte Penal Internacional (CPI), cuestionando su imparcialidad y alcance universal. Según Saab, la CPI enfrenta un enorme reto para convencer al mundo de su objetividad, ya que solo 123 países han ratificado el Estatuto de Roma, el cual establece las bases de la corte internacional.

El fiscal venezolano señaló que Estados Unidos ha evitado someterse a la jurisdicción de la CPI, alegando que el país se considera “gendarme del mundo” y no permitirá que un organismo fuera de su control directo juzgue a sus militares que intervienen en conflictos globales. Además, mencionó que existen posibles acusaciones de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra líderes y militares estadounidenses, lo que ha llevado a la nación a aprobar leyes para evitar la actuación de la CPI contra sus ciudadanos.

Saab también hizo referencia a Israel como potencia ocupante en Palestina y Siria, sugiriendo que sus acciones podrían hacerlo candidato a ser acusado ante la CPI.

A pesar de estas críticas, el fiscal afirmó que Venezuela seguirá colaborando con la CPI, mostrando respeto por la justicia internacional. Según Saab, el país ha brindado a la Fiscalía de la CPI suficientes elementos que demuestran que se han investigado y sancionado con severidad las violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios policiales y militares.

En cuanto a la Oficina de Cooperación Técnica (OCT) de la CPI, Saab destacó que aún no se ha instalado, pero expresó la esperanza de establecer una relación de trabajo similar a la que tuvieron con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos después de la visita de Michelle Bachelet en 2019. Durante ese período, se impulsaron numerosos casos sugeridos por la oficina de Bachelet relacionados con muertes en protestas, tratos crueles e inhumanos y privaciones ilegítimas de libertad.

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