Provea exige transparencia sobre operativo en el que murió “Niño Guerrero”
La ONG Provea pidió este domingo “transparencia absoluta” sobre el operativo militar ejecutado en una zona minera del estado Bolívar, coordinado entre Washington y Caracas, que terminó con la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores Flores, alias “Niño Guerrero”, señalado como máximo líder de la banda “Tren de Aragua”.
Guerrero murió tras un “ataque militar rápido y letal” coordinado entre Estados Unidos y Venezuela, según anunció Donald Trump el viernes por la noche y confirmó tiempo después el Gobierno interino de Delcy Rodríguez.
“Venezuela tiene derecho a conocer los términos exactos, el alcance legal y los mandos responsables de la operación”, expresó la organización no gubernamental en un comunicado.
Provea advirtió que, basándose en la información disponible, este hecho “constituye, presuntamente, una clara violación de la soberanía territorial del país y una grave violación de los derechos humanos debido a la flagrante comisión de una ejecución extrajudicial”.
Asimismo, destacaron que “el Estado venezolano tiene la obligación de suministrar información fidedigna y verificable sobre el saldo humano del operativo: número exacto de fallecidos, heridos y detenidos, asegurando la debida identificación de las víctimas”.
La ONG recordó que el pasado martes, cuando advirtió de un megaoperativo en el estado Bolívar (sureste), señaló que acciones similares “dejaron cientos de abusos”.
Al mismo tiempo, atribuyó la presencia y el poder de organizaciones criminales en el sur del país a años de abandono estatal y a políticas que, según indicó, priorizaron la explotación de recursos por encima de la institucionalidad.
Señaló, además, que esa situación dejó a comunidades enteras en condición de vulnerabilidad frente al avance de economías ilegales en la región.
Finalmente, Provea pidió información sobre los acuerdos internacionales que respaldaron la operación y garantías de que no se repitan hechos similares, además de solicitar explicaciones al fiscal general Larry Devoe y a la defensora del Pueblo Eglée González.
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