ONG advierte que quedan 669 presos pese a amnistía
La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), con el apoyo de la ONG Alerta Venezuela, denunció que el Estado venezolano ha perfeccionado un sistema de control social basado en la arbitrariedad procesal para neutralizar a la disidencia.
En su informe titulado “El balance de la arbitrariedad (2014-2026)”, la ONG señala que, pese a la promulgación de la Ley de Amnistía en febrero de 2026, al menos 689 personas permanecían privadas de libertad por motivos políticos hasta el 16 de marzo.
Según el documento, el gobierno aplica una estrategia de “puerta giratoria”, en la que excarcelaciones puntuales buscan aliviar la presión internacional, mientras nuevas detenciones mantienen estable el número de presos.
La investigación sostiene que la Ley de Amnistía funciona como un “instrumento de gestión política” que no corrige las fallas estructurales del sistema judicial. “Mientras existan celdas ocupadas por víctimas de persecución por razones políticas, la libertad será una fachada”, advierten las organizaciones.
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