Gobierno venezolano rechaza señalamientos del fiscal de la CPI

A través de un comunicado publicado por la Cancillería venezolana, el Gobierno rechazó de “manera categórica” las declaraciones del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Ahmad Khan.

Tildando de “señalamientos sin fundamentos”, las conclusiones finales de un informe presentado este sábado por Ahmad Khan, en el que responde las observaciones realizadas por las autoridades venezolanas respecto al caso Venezuela I, en el que se investiga al Estado por la presunta violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos desde 2017, con el propósito de que continúen las investigaciones en esa instancia.

Según el informe el Estado venezolano no ha demostrado que la CPI carece de jurisdicción y que en las investigaciones presentadas por Venezuela «no reflejan suficientemente la investigación prevista por la Corte» porque, a su juicio, no se han hecho averiguaciones reales contra la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país.

Por ello, la Fiscalía considera que hay una «base razonable» para pensar que en Venezuela sí hubo vulneraciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos en el país, que deben ser ser investigadas a fondo y ser procesadas en caso de ser necesario.

Ante esto, el Gobierno de Venezuela señaló que “una vez más, el Fiscal de la Corte Penal Internacional da muestras de una visión claramente prejuiciada en relación con Venezuela, reproduciendo sin ponderación las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos, en perjuicio de la seriedad y rigurosidad que se espera de una instancia internacional de tanta relevancia”.

Detallaron que el pasado el 28 de febrero de 2023 presentaron ante la CPI un sólido documento que “desvirtúa todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad, que nunca han ocurrido”.

Ratificaron que seguirán “ejerciendo todas las acciones disponibles para hacer prevalecer la verdad y defender sus derechos como Nación, frente a esta expresión de “lawfare” que abiertamente utiliza la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines políticos”.

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