Fiscal denuncia campaña desde el exterior contra la justicia venezolana

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, denunció que el sistema de justicia y Estado venezolano están siendo víctimas de una campaña dirigida desde el exterior, tras la detención de varias personas por su presunta vinculación con la operación “Brazalete Blanco”, entre ellas la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel.

“Denunciamos una feroz campaña desde el exterior en contra del Sistema de Justicia y el Estado venezolano por parte de los mismos sectores que siempre han menospreciado las instituciones democráticas venezolanas y han amparado a la vez los intentos de Magnicidio y golpes de Estado contra Venezuela orquestados desde los poderes imperiales de occidente.

La misma pretende menoscabar las investigaciones en curso buscando generar impunidad al atacar e intentar deslegitimar las acciones que realizan las instituciones venezolanas para combatir la violencia y el terrorismo; y ello ocurre paralelamente a la brutal masacre del pueblo palestino que contabiliza hoy decenas de miles de mujeres, hombres y niños asesinados por el Estado de Israel que ejecuta de esa manera el Genocidio más grande del siglo XXI”, reza parte del comunicado.

Saab explicó que dentro de los “lapsos legales correspondientes” este lunes 12 de febrero se realizó en el Tribunal 2do Contra Terrorismo la audiencia de presentación de seis ciudadanos venezolanos quienes luego de las investigaciones preliminares de rigor, aparecen presuntamente involucrados en la trama conspirativa denominada Brazalete Blanco.

En dicha audiencia los fiscales del Ministerio Público solicitaron medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa por la presunta comisión de los delitos de traición a la Patria, conspiración, terrorismo y asociación.

Asimismo, se solicitó medida de privación judicial preventiva de libertad contra el ciudadano Alejandro José Gonzales De Canales Plaza por la presunta comisión de los delitos de Revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la Nación, Obstrucción a la administración de Justicia y Asociación.

A los cuatro ciudadanos restantes se les solicitaron medidas cautelares consistentes en presentaciones periódicas ante el tribunal de la causa, entre otras.

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