Demandan a Trump por muerte de pescadores en el Caribe
El gobierno de los Estados Unidos enfrenta una demanda federal por homicidio culposo tras la muerte de dos pescadores de Trinidad y Tobago, en un incidente que pone bajo la lupa la legalidad de las operaciones armadas de Washington en la región caribeña. El caso, presentado en un tribunal de Boston, representa el primer intento formal de buscar justicia civil por lo que los defensores de derechos humanos califican como una campaña de agresiones militares letales sin precedentes.
Los documentos judiciales identifican a las víctimas como Chad Joseph y Rishi Samaroo , trabajadores que se desempeñaban en labores de pesca y agricultura en Venezuela. El 14 de octubre de 2025, mientras navegaban de regreso a Trinidad y Tobago, su embarcación fue impactada por un misil lanzado por fuerzas militares estadounidenses.
La demanda, interpuesta por sus familiares y representada por el Centro de Derechos Constitucionales, sostiene que ambos hombres eran civiles desarmados y no estaban involucrados en actividades ilícitas. Baher Azmy, abogado principal del caso, ha sido tajante al describir los hechos como “asesinatos ilegales a sangre fría2.
Un vacío legal en la “lucha contra el narcotráfico”
El ataque se produjo en el contexto de una ofensiva militar iniciada por Estados Unidos en septiembre de 2025. El secretario de Defensa, Pete Hegseth , bajo instrucciones del presidente Donald Trump , ha justificado estas acciones invocando el “derecho de los conflictos armados” contra grupos criminales.
Sin embargo, expertos en derecho internacional citados en el litigio advierten que los cárteles de droga no cumplen con los requisitos legales para ser considerados “grupos armados organizados”. Además, se destaca un punto crítico: el Congreso de los Estados Unidos nunca autorizó de manera expresa esta campaña de ataques en aguas internacionales, lo que podría invalidar la base legal de las operaciones.
Soberanía y saldo mortal
El litigio también tiene una dimensión geopolítica, ya que el ataque ocurrió en aguas bajo la jurisdicción de la República Bolivariana de Venezuela , lo que constituye una violación a su soberanía.
Las cifras presentadas en la demanda refieren que desde septiembre de 2025 se registran más de 120 personas fallecidas en ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe. Sin embargo, el pasado 24 de enero se reportaron dos muertos más y un herido en un operativo similar.
Un precedente jurídico
El tribunal federal de Boston no solo decidirá sobre una indemnización económica. El fondo del caso obligará a la justicia estadounidense a evaluar si el Ejecutivo puede realizar ataques letales extraterritoriales sin una declaración de guerra formal. Organizaciones internacionales de derechos humanos ya han calificado estos episodios como ejecuciones extrajudiciales , señalando que el Caribe se ha convertido en un escenario de pruebas para una doctrina de fuerza letal sin control judicial.