Caso Linda Loaiza vuelve a la Corte de Apelaciones
La abogado y defensora de derechos humanos Linda Loaiza López Soto informó este viernes, 7 de agosto, que fue notificada de una nueva audiencia sobre las apelaciones contra la absolución por el delito de violación en su caso.
Un proceso judicial que se mantiene abierto desde hace más de dos décadas y que ya fue conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“He sido notificada de la celebración de una audiencia. El próximo 11 de agosto de 2026, ante la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, para conocer nuevamente las apelaciones interpuestas por el Ministerio Público y por mí, en mi condición de víctima y querellante, contra la absolución por el delito de violación”, escribió Loaiza en su cuenta de la red social X.
“10 años después de que el Tribunal Supremo de Justicia ordenara a una Sala distinta conocer nuevamente estas apelaciones, este caso vuelve al conocimiento de la Corte de Apelaciones. El paso del tiempo no convierte la impunidad en justicia”, agregó.
Recuento de los hechos
Loaiza fue secuestrada en 2001, a los 18 años, por Luis Carrera Almoina. Este la mantuvo cautiva durante cuatro meses y la sometió a torturas, violencia física y psicológica y esclavitud sexual.
El agresor recibió una condena de apenas seis años en 2006 y quedó en libertad dos años después. Un desenlace que generó indignación nacional e internacional y convirtió el caso en un símbolo de la lucha contra la violencia de género en Venezuela.
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Ante las fallas del sistema judicial venezolano, denunciadas por Loaiza, esta llevó su caso a instancias internacionales. En 2016 la CIDH lo remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en 2018 estableció la responsabilidad internacional del Estado venezolano. En concreto, por las violaciones de derechos sufridas durante el secuestro y el posterior tratamiento judicial
El fallo ordenó reparaciones, compensaciones y garantías de no repetición que, según la defensora, el Estado venezolano nunca ha cumplido.
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