Nación

Canciller: Inhabilitados pueden ser electos, pero no ejercer

Destacó que las decisiones del TSJ sobre los partidos se basan en denuncias de la propia militancia.
Por: Tal Cual
miércoles, 11 octubre 2023
Cortesía | El Consejo de DDHH hace seguimiento a denuncias

El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, afirmó este miércoles 11 de octubre que en Venezuela los derechos políticos «no se pierden» y afirmó que en el país no hay persona alguna, a menos que un tribunal penal así lo decida, que «haya perdido su derecho a elegir o ser elegido».

Desde Ginebra, en el segundo día de la comparecencia de Venezuela ante el Comité de DDHH de la ONU, Gil detalló que lo que se ha visto, de acuerdo a lo publicado en varios medios, es que «algunos personeros políticos» han sido inhabilitados de funciones dentro de la administración pública al asegurar que no se le han quitado sus derechos.

En ese sentido, destacó que estas personas «pueden participar, pueden elegir y ser electos», pero que, «por hechos de corrupción debidamente documentados en la Contraloría», han sido inhabilitados de las funciones públicas, publicó Tal Cual.

Aclaró que esto es una práctica que es común en la administración pública y no corresponde a una práctica selectiva en contra de algunas personas, al tiempo que indicó que más de 5 mil funcionarios han sido inhabilitados -de todas las corrientes políticas- por presunta corrupción.

El canciller Yván Gil también habló sobre la judicialización de los partidos políticos por parte del Tribunal Supremo de Justicia al decir que ni el Gobierno, ni el Poder Juficial, tienen injerencia alguna en las decisiones y aclara que los militantes de una organización política acuden al TSJ es cuando, de manera interna, no han podido resolver sus diferencias y es ahí cuando se toman decisiones.

Las preguntas de los expertos del Comité, que evalúa en Ginebra (Suiza) la situación de Venezuela durante los días 10 y 11 de octubre, se pasearon por el alcance de los estados de emergencia, ataques a defensores de derechos humanos, desapariciones forzadas y torturas, represión en las protestas y ejecuciones extrajudiciales por operativos en zonas pobres, independencia de la Defensoría del Pueblo y efectividad de las políticas anticorrupción.

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