Acusados del caso Pdvsa Cripto se declaran inocentes
El juicio por el caso Pdvsa Cripto se acerca a su fin tras la audiencia número 19, celebrada el pasado 12 de junio. En esta sesión, los acusados aseguraron ser inocentes, negándose a admitir los hechos imputados por el Ministerio Público.
Para este lunes 15 de junio, se espera que el fiscal Eddie Rodríguez —quien ha sido objeto de recusación por parte de las defensas debido a presuntas violaciones a los derechos humanos durante el proceso— presente sus argumentos para contestar las múltiples incidencias planteadas.
Desde el inicio de las audiencias, el pasado 20 de abril, la jueza Alejandra Romero Castillo ha optado por cerrar el procesos a los ojos y oídos de la prensa. Pese a esta restricción, TalCual ha podido conocer que en lo que va de juicio, el banquillo de los acusados se transformó en una tribuna de denuncias donde los procesados califican el expediente como una “simulación de hecho punible”y una purga política.
Según los testimonios, a los que este medio ha tenido acceso, el objetivo del proceso no es la búsqueda de justicia, sino la reconfiguración del poder interno y el control de activos estratégicos que, durante años, permanecieron fuera de las auditorías estatales.
Mientras el país exige conocer el destino de los 21.200 millones de dólares que Pdvsa perdió por vender crudo a través de intermediarios opacos, el proceso judicial se ha transformado en una escenografía de denuncias sobre torturas, aislamiento prolongado y pugnas por la propiedad privada.
Tres años después del inicio de las investigaciones, el debate se ha alejado de la arquitectura financiera de los criptoactivos para centrarse en un esquema que, de acuerdo con los involucrados, ha servido para la liquidación de patrimonio privado.
La denuncia de Tarek
Durante esta sesión, Tarek El Aissami, exministro de Petróleo, y quien en algún momento fue alto jerarca del Partido Socialista Unido de Venezuela, denunció la omisión de socorro médico ante su delicado estado de salud.
Calificó las condiciones de reclusión y el manejo del expediente como prácticas de “pena de muerte” por parte del Estado, al tiempo que cuestionó la falta de transparencia y publicidad del juicio.
Con la intervención del fiscal Rodríguez, prevista para el 15 de junio, y el posterior pronunciamiento de la jueza sobre las incidencias presentadas, el caso Pdvsa Cripto parece agotarse en su fase de exposición, dejando atrás un rastro de denuncias sobre irregularidades procesales que ponen en duda la legitimidad del proceso judicial en su conjunto.
“La última oportunidad”
De acuerdo con transcripciones de la audiencia del viernes 12 de junio, a las que tuvo acceso TalCual, el encuentro estuvo marcado por solicitudes de las defensas técnicas.
Oscilaron desde denuncias por el deterioro de la salud de varios procesados hasta peticiones de libertad basadas en los anuncios recientes de la Comisión para la Revolución Judicial.
Estuvieron presentes el fiscal Eddy Rodríguez en representación del Ministerio Público; Ronald Díaz, de la Procuraduría General de la República; representantes de Pdvsa y de la Defensa Pública.
Durante el primer bloque de la sesión, la jueza de la causa otorgó el derecho de palabra a los abogados defensores, quienes expusieron diversas incidencias procesales.
Defensa de Tarek
La defensa de Tarek El Aissami reiteró la urgencia de atención médica especializada. Informó que el acusado presentaba dificultades para caminar durante su conexión desde Rodeo I. Solicitaron el ingreso de un equipo de laboratorio y un médico de confianza para realizar exámenes diagnósticos.
Por su parte, el abogado de Ernesto Vivanco solicitó atención oftalmológica especializada y medicamentos para su defendido, debido a una ruptura de vasos sanguíneos en su ojo.
Defensa de los hermanos De Grazia
La defensa de los hermanos De Grazia, hermanos Perdomo, Roland González y Kerlys López invocó los anuncios realizados el miércoles 10 de junio por la Comisión para la Revolución Judicial, encabezada por Diosdado Cabello.
Argumentaron que, al cumplirse más de dos años de privación de libertad sin sentencia, sus representados deben ser excarcelados con libertad plena o medidas cautelares sustitutivas, alegando que no existe sustento legal para mantener la prisión preventiva durante el desarrollo del juicio. Otros abogados, como los de Pedro Herrera, Salem Atrach, Daniel Pietro Pietro y Joana Torres, también solicitaron medidas cautelares, revisiones de medida o la promoción de pruebas complementarias.
La defensa de Álvaro Pulido interpuso un recurso de revocación contra la continuidad de la audiencia telemática y solicitó que se informe sobre la situación de seguridad que impide el traslado físico de los detenidos.
En tanto, la defensa de Olvany Castro insistió en la inocencia de su representada, argumentando que su vinculación al proceso deriva exclusivamente de su relación personal con el exdiputado Hugbel Roa.
Al ser consultados individualmente, todos los acusados presentes ratificaron su inocencia y manifestaron que no deseaban admitir los hechos. La jueza instó a varios de los procesados a responder únicamente «sí» o «no» ante la pregunta, evitando manifestaciones sobre su inocencia durante esta etapa específica del procedimiento.
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