TV Pública argentina en medio de recortes y privatización
Dentro de unos años, si alguien busca en la videoteca de la Televisión Pública, canal estatal argentino, seguramente no encontrará material sobre la reciente y multitudinaria marcha que tuvo lugar este 24 de marzo por el 48 aniversario del último golpe de Estado en Argentina.
Ese domingo, no hubo ningún tipo de cobertura, ni al aire ni para guardar archivos, al tratarse de un feriado nacional, luego de la orden de las autoridades de reducir los horarios de los noticieros y limitar el trabajo a los días hábiles.
Los administradores del canal, designados por el Gobierno de Javier Milei tras la intervención de los medios públicos en febrero, tienen la misión de mantener máxima austeridad y no renovaron varios de los contratos que terminaban a fines de marzo.
Sin anuncios de despidos, la TV Pública ha ido perdiendo trabajadores y su señal se ve cada vez más reducida.
Un patrimonio histórico cargado de política
Argentina fue el cuarto país de América Latina en transmitir (después de México, Brasil y Cuba), con etapas en las que fue vanguardia en aspectos tecnológicos. Es, además, el canal más antiguo con transmisión continua de Sudamérica.
En sus 72 años de historia, la TV Pública, también popularmente conocido como Canal 7, ha tenido varios nombres y más de 30 logotipos, una constante renovación de imagen que frecuentemente sucedió a la par de cambios de gobierno.
Decir que la señal ha estado politizada no es una idea reciente ni exclusiva. Ya la primera transmisión, en 1951, fue de carácter político: Un discurso de la entonces primera dama Eva Perón, uno de los últimos de su vida, en el marco de un aniversario del Día de la Lealtad, celebrado por el peronismo cada 17 de octubre.
Desde ese debut al aire, ha sido permanente la politización. Martín Becerra, profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes y especialista en medios y política, identifica dos características objetables comunes de las cadenas estatales en América Latina: la presencia de publicidad comercial y un fuerte control gubernamental de la línea editorial.
“(La TV Pública) siempre estuvo politizada. Hubo etapas de mayor o menor intensidad, está en el ADN”, dijo a CNN.
“A veces no es un canal del Estado, es un canal del Gobierno. Esto pasa en todo el mundo”; indica a su vez el periodista Mario Giordano, quien trabajó por más de 30 años en los noticieros de TVP y en numerosas coberturas internacionales hasta que se jubiló a fines de 2022.
Pero como tercera característica de los canales estatales, Becerra ve muy importante la función social. “Es un servicio público inestimable. Es una parte de la actividad cultural que realizan los estados, aunque ahora Milei vaya a contramano”, apuntó.
El investigador indicó que en el despliegue federal la señal llega a zonas recónditas del país y se incluye en la agenda a territorios que no son grandes mercados ni despiertan el interés de los licenciatarios privados.
“Es una función comunitaria importante. No es una programación sensacionalista que busca el rating”, dijo Becerra.
Este aspecto, entre otros, es lo que lamenta Giordano en la reducción de la programación. “He comprobado lo que significa llegar a todos los rincones con la señal de la TV Pública, que a veces es la única que llega. Hay programas que ayudaron a mucha gente, cuando ibas al interior siempre te hablaban de Cocineros Argentinos”, dijo, en referencia al espacio que se emitió hasta este mes y fue levantado del aire tras 16 temporadas, pese a ser el más visto del canal.
La promesa de Milei
Antes y después de ser elegido presidente, el mandatario ha insistido en su idea de deshacerse del canal y otros medios públicos.
“¿Por qué tengo que estar sosteniendo la TV Pública, pagando sueldos estrafalarios, cuando hay chicos que tienen hambre?”, dijo Milei en diciembre a la presentadora Mirtha Legrand.
También, señaló que en la campaña electoral “el 75 % de la discusión política” del canal fue “para ensuciar” su candidatura.
En febrero, Milei oficializó con un decreto la intervención de la TV Pública, Radio Nacional y la agencia de noticias Télam para realizar una auditoría.
Según explicó a CNN Silvia Fernández, periodista del noticiero y delegada de la comisión interna de Sipreba, el sindicato que representa a los trabajadores de prensa, la gerencia ordenó no dar aire a determinados dirigentes y también se pidió no cubrir protestas sindicales o reclamos contra el Gobierno.
Cuando la organización denunció la situación en un comunicado, la Casa Rosada dijo que “rechaza absolutamente” la versión.
El portavoz Adorni respondió: “Este es uno de los gobiernos que más libertades le está dando a la sociedad y especialmente a ustedes (los periodistas) para trabajar. No entendemos bien este tipo de cuestionamientos”.
¿Se puede privatizar?
Los medios públicos estaban incluidos en la lista de empresas a privatizarse en el amplio proyecto de la llamada “ley ómnibus” que el Gobierno envió al Congreso a fines de diciembre, pero que fue retirado tras no ser aprobado en el debate en particular.
El oficialismo alista un nuevo proyecto con algunas modificaciones, pero se espera que se mantenga el pedido de habilitar la privatización de medios estatales.
Si bien Becerra no ve en la actualidad una respuesta articulada del sistema político ni del Poder Judicial frente al plan de privatización, tampoco ve cercana la posibilidad, ya que no imagina un comprador dispuesto a pagar lo que sigue valiendo la institución.
¿Cierre abrupto o vaciamiento lento?
Pero en el camino, la señal queda cada vez más vacía y con escasos contenidos nuevos. Ya pasó en la agencia Télam, cuyo edificio a inicios de marzo amaneció con vallas de seguridad en la puerta, su página web quedó fuera de servicio y sus empleados fueron licenciados de sus tareas.
Mientras, la Radio Nacional sigue un camino similar al de la TVP, con programas que fueron levantados, contratos que no se renuevan y emisoras del interior que durante los días feriados y fines de semana toman la transmisión de Radio Nacional Buenos Aires, estación pública propiedad de Radio y Televisión Argentina, operada desde la capital, sin la acostumbrada agenda propia de cada región.
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