Trump firma orden para desmantelar el Departamento de Educación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves una orden ejecutiva en la que pide el desmantelamiento del Departamento de Educación, una acción con la que pretende avanzar en una promesa de campaña para desmantelar una agencia que desde hace tiempo ha sido un objetivo de los conservadores.

Trump ha ridiculizado al Departamento de Educación por derrochador y por estar contaminado por la ideología liberal.

Sin embargo, completar su desmantelamiento es probablemente imposible sin una ley por parte del Congreso, que creó el departamento en 1979. Los republicanos dijeron que presentarán un proyecto de ley para lograrlo.

El departamento no cerrará completamente. La Casa Blanca dijo que mantendrá ciertas funciones críticas.

Trump afirmó que su gobierno cerrará el departamento más allá de sus “necesidades básicas”, preservando sus responsabilidades en relación con la financiación del Título I para escuelas de bajos ingresos, las becas Pell y el dinero para niños con discapacidades.

Anteriormente, la Casa Blanca había dicho que también continuará gestionando los préstamos estudiantiles federales.

El presidente culpó al departamento por el bajo rendimiento académico de Estados Unidos y señaló que los estados harán un mejor trabajo.

“No nos está haciendo ningún bien”, afirmó durante una ceremonia en la Casa Blanca.

El gobierno republicano de Trump ya ha empezado a desmantelar la agencia. Su fuerza laboral se está reduciendo a la mitad, y ha habido recortes profundos en la Oficina de Derechos Civiles y el Instituto de Ciencias de la Educación, que recopila datos sobre el progreso académico de la nación.

Los defensores de las escuelas públicas dijeron que eliminar el departamento dejará atrás a los niños en un sistema educativo estadounidense que es fundamentalmente desigual.

“Este es un día triste para los millones de niños estadounidenses que dependen de la financiación federal para recibir una educación de calidad, incluidos aquellos en comunidades pobres y rurales cuyos padres votaron por Trump”, señaló Derrick Johnson, presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (Naacp, por sus siglas en inglés).

Los demócratas dijeron que la orden será impugnada en los tribunales y en el Congreso, e instaron a los republicanos a unirse a ellos en oposición.

La orden de Trump es “peligrosa e ilegal” y perjudicará desproporcionadamente a los estudiantes de bajos ingresos, a los estudiantes de color y a aquellos con discapacidades, precisó el representante Bobby Scott, el principal demócrata en la Comisión de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes.

El departamento “fue fundado en parte para garantizar la aplicación de los derechos civiles de los estudiantes”, dijo Scott. “Los defensores de la segregación en las escuelas públicas se opusieron y hicieron campaña por un regreso a los ‘derechos de los estados’”.

Los partidarios de la visión de Trump para la educación acogieron la orden.

“No más burocracia inflada dictando lo que los niños aprenden o sofocando la innovación con trámites”, dijo Tiffany Justice, cofundadora de Moms for Liberty, en las redes sociales.

“Los estados, las comunidades y los padres pueden tomar las riendas, adaptando la educación a lo que realmente funciona para sus hijos”, añadió.

La Casa Blanca no ha especificado formalmente qué funciones del departamento podrían ser transferidas a otras dependencias o eliminadas por completo.

El departamento envía miles de millones de dólares al año a las escuelas y supervisa 1,6 billones de dólares en préstamos estudiantiles federales.

Actualmente, gran parte del trabajo de la agencia gira en torno a la gestión del dinero, tanto de su extensa cartera de préstamos estudiantiles como de una variedad de programas de ayuda para universidades y distritos escolares, además de las comidas escolares y el apoyo a estudiantes sin hogar.

La agencia también es clave en la supervisión de la implementación de los derechos civiles.

La senadora Patty Murray, demócrata en la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, desestimó la afirmación de Trump de que está devolviendo la educación a los estados.

Señaló que en realidad está “tratando de ejercer cada vez más control sobre las escuelas locales y dictar lo que pueden y no pueden enseñar”.

Incluso algunos de los aliados de Trump han cuestionado su poder para cerrar la agencia sin una acción del Congreso, y hay dudas sobre su popularidad política.

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