Rechazan orden para liberar a presidente surcoreano

Los abogados del destituido presidente surcoreano Yoon Suk Yeol fracasaron el jueves en su intento de hacer que un tribunal ordene su liberación, un día después de ser detenido en su residencia por acusaciones de rebelión vinculadas a su declaración de ley marcial el mes pasado.

Yoon fue enviado a un centro de detención cerca de Seúl, la capital del país, tras ser sometido a más de 10 horas de interrogatorio el miércoles en la sede de la Oficina de Investigación de Corrupción para Altos Funcionarios, durante las cuales ejerció su derecho a guardar silencio.

Yoon se negó a más interrogatorios por parte de los funcionarios anticorrupción el jueves, mientras sus abogados mantenían que la investigación fue ilegal.

Los abogados pidieron a la Corte del Distrito Central de Seúl que considere su liberación, cuestionando la validez de la orden de detención emitida por la Corte del Distrito Oeste de Seúl.

Pero la Corte del Distrito Central rechazó la petición la noche del jueves.

Yoon había evitado varias solicitudes de comparecer para ser interrogado antes de que la agencia anticorrupción y la policía llevaran a cabo una importante operación en la que participaron cientos de elementos para detenerlo en su complejo residencial en Seúl.

La agencia anticorrupción, que encabeza una investigación conjunta con la policía y el ejército para determinar si la declaración de ley marcial de Yoon equivalió a un intento de rebelión, tiene 48 horas para solicitar una orden judicial para su arresto formal o para liberarlo.

El jueves, sus abogados declararon formalmente que la redada del miércoles en la residencia presidencial, que llevó a la detención del jefe de estado, fue ilegal, en quejas presentadas ante los fiscales.

Yoon no asistió el jueves a una audiencia en la Corte del Distrito Central, que formaba parte de la revisión de su orden de detención, debido a preocupaciones de seguridad, según Seok Dong-hyeon, uno de los abogados del presidente.

Cientos de simpatizantes de Yoon se manifestaron durante horas en las calles cercanas al tribunal y al centro de detención donde Yoon estaba recluido, ondeando pancartas y coreando consignas pidiendo su liberación.

Yoon desencadenó la crisis política más grave del país desde su democratización a finales de la década de 1980, cuando intentó romper el estancamiento en la legislación declarando la ley marcial y desplegando tropas alrededor de la Asamblea Nacional el 3 de diciembre.

El enfrentamiento duró unas cuantas horas antes de que los legisladores lograran atravesar el bloqueo y votaran para levantar la medida.

Sus poderes presidenciales fueron suspendidos cuando la asamblea, dominada por la oposición, votó para destituirlo el 14 de diciembre, acusándolo de rebelión.

Su destino ahora depende del Tribunal Constitucional, que ha comenzado a deliberar sobre si retira formalmente a Yoon del cargo o rechaza los cargos y lo restituye.

Si un tribunal otorga una orden para el arresto formal de Yoon, los investigadores anticorrupción pueden extender su detención hasta 20 días, durante los cuales transferirán el caso a la fiscalía pública para una acusación.

Si los fiscales acusan a Yoon por los posibles cargos de rebelión y abuso de poder, el mandatario destituido podría permanecer bajo arresto hasta el primer fallo judicial, que generalmente se emite en un plazo de seis meses, dijo Park Sung-bae, abogado especializado en derecho penal.

Según la ley surcoreana, el líder de una rebelión puede enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua si es condenado.

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