Protestas ponen en riesgo la estabilidad financiera de Perú

Marco Gonzales se aventuró a la ciudad andina de Cusco desde su hogar en la Amazonía peruana en 2007 con poco más de 20 dólares, una pizca de inglés y una muda de ropa que no era adecuada para el aire helado de la montaña.

Comenzó a ofrecer recorridos a pie por la antigua capital del Imperio Inca a cambio de propinas. En el camino se enamoró de una mochilera británica, Nathalie Zulauf, y juntos construyeron un negocio de viajes y una familia.

Pero ahora todo corre el riesgo de colapsar junto con gran parte de la alguna vez envidiable estabilidad económica de Perú.

La empresa de la pareja, Bloody Bueno Perú, que atiende principalmente a turistas extranjeros de Gran Bretaña y otros lugares, no ha visto un cliente desde diciembre, cuando los manifestantes que exigían la renuncia de la presidenta interina Dina Boluarte prácticamente cortaron el acceso a las antiguas ruinas de Machu Picchu. Los grupos cancelaron las reservas con meses de anticipación, lo que obligó a la pareja a echar mano de los ahorros ya agotados por la pandemia de coronavirus.

“Estamos esperando para principios de marzo, viendo si la situación mejora”, dijo Gonzales, de 38 años, mirando un calendario que ya no se molesta en actualizar. “Si no, tenemos que buscar otras opciones, como cerrar la empresa o migrar al extranjero. Al menos en Inglaterra esta la familia de Nathalie”.

Otros en Cusco tienen mucho menos a lo que recurrir.

La ciudad de 450.000 habitantes, normalmente una meca políglota de viajeros extranjeros, es un pueblo fantasma en estos días. La Plaza de Armas, donde las mujeres vestidas con coloridos textiles andinos solían posar para las fotos instantáneas, ahora atrae a manifestantes que juegan al gato y al ratón con policías antidisturbios fuertemente blindados.

La agitación política no es nada nuevo en Perú, que ha visto seis presidentes en los últimos cinco años. En 1969, con una dictadura militar en el poder, el autor ganador del Premio Nobel Mario Vargas Llosa planteó esta ya icónica pregunta para iniciar su novela “Conversación en la Catedral”: “¿En qué momento se había jodido el Perú?”.

Durante mucho tiempo, la disfunción se mantuvo bajo control y no interfirió con las piedras angulares sagradas de la economía de libre mercado, como la industria minera clave. Desde el año 2000, la economía de Perú creció a una tasa anual promedio de 4,4% —más que cualquier país de Sudamérica— con baja inflación y una moneda estable. Hasta que golpeó la pandemia, la pobreza se había reducido a la mitad.

Pero la escala de violencia que siguió al juicio político y arresto del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre por un torpe intento de cerrar el Congreso —los disturbios han dejado 57 civiles muertos y cientos más heridos— ha reavivado las divisiones raciales y de clase, y muchos peruanos se preguntan si el largo período de estabilidad inquieta ha seguido su curso.

“Esta dicotomía no podía durar”, dijo Steven Levitsky, politólogo de la Universidad de Harvard y coautor del libro de 2018, “Cómo mueren las democracias”.

Las señales de las consecuencias económicas están en todas partes.

En diciembre, cuando se desató la crisis política, la llegada de extranjeros a Perú ya había caído al nivel más bajo desde 2009, aparte de los dos años perdidos por el covid-19. La actividad en tres importantes minas de cobre y estaño se suspendió porque los manifestantes cerraron carreteras o atacaron instalaciones.

Perú es el mayor exportador mundial de uvas y las protestas golpearon durante el apogeo de la cosecha. Los envíos en una importante área de cultivo son apenas el 4 % de hace un año, según Darío Núñez, cuya empresa, Uvica, no ha podido cumplir con los pedidos de minoristas estadounidenses como Costco y Sam’s Club.

“La credibilidad como marca Perú está empezando a sufrir”, dijo Núñez. “No veo una luz al final del túnel”.

La disfunción democrática de Perú, que lleva años en proceso, se aceleró con la sorpresiva elección de Castillo en 2021. Como maestro de escuela rural, surgió de la oscuridad para llenar el vacío dejado por un sistema político roto, sobornos generalizados y un racismo profundamente arraigado.

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