Presidente Lula impulsa control de armas e inicia conteo

Jonathan Schmidt apenas logró cumplir con el plazo para llegar al cuartel general de la Policía Federal en el centro de Río de Janeiro con una bolsa de viaje en la que llevaba una pistola dorada y siete rifles, uno de los cuales asomaba por la cremallera.

“Estoy enamorado de las armas”, dijo Schmidt. “Tendría más de 2.000 si el gobierno me lo permitiese”.

Schmidt ya había registrado sus armas en el ejército, como exige la ley a los tiradores deportivos como él, pero los expertos han cuestionado la fiabilidad de la base de datos y señalaron que una supervisión poco rigurosa ha permitido que esas armas caigan en manos de delincuentes. Schmidt inscribió sus armas en el registro policial el miércoles, el último día para cumplir con la iniciativa del nuevo presidente izquierdista de Brasil.

En sus cuatro años en el poder, el expresidente Jair Bolsonaro trató de convertir un país con pocas armas en uno en el que tener una en propiedad y la falta de regulación significaran libertad personal.

Ahora, su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, ha tomado medidas para deshacer esas políticas proarmas, y eso comienza por pedir a los propietarios que las registren en la policía. Tras la resistencia inicial, han empezado a verse algunos avances.

Pero más de 6.000 armas de uso restringido previamente registradas con el ejército, y que incluyen rifles de asalto, no fueron presentadas a la policía antes de la fecha límite del 3 de mayo, dijo el jueves a los periodistas el ministro de Justicia, Flávio Dino. Es probable que se hayan desviado a delincuentes y ahora son objeto de investigación y posible incautación, dijo.

En la última campaña de control de armas en el país, en 2003, se invitó a los brasileños a entregar sus armas a cambio de un pago simbólico del Estado. La participación en la iniciativa fue muy elevada.

A ojos del derechista Bolsonaro, sin embargo, el estatuto de desarme fue un error histórico. Haciéndose eco de aspectos del conservadurismo estadounidense, fue el primer candidato presidencial brasileño en hacer campaña en favor de las armas, alegando que los “buenos ciudadanos” tienen derecho a tenerlas para proteger sus familias y sus propiedades.

Modificó las normas sobre la cantidad de munición que se puede poseer y el acceso a armas de calibre restringido, como los subfusiles. Y afirmó repetidamente que “un pueblo armado nunca será esclavizado”.

El Instituto Sou da Paz, una organización no gubernamental que monitorea la seguridad pública, estima que con Bolsonaro el número de armas en manos de civiles casi se triplicó hasta los 2,2 millones en un país de 214 millones de habitantes. La cifra sigue estando muy por debajo de Estados Unidos y Brasil no contempla el derecho constitucional a portar armas.

En su primer día en el cargo, Lula promulgó un decreto que exigía a los propietarios de armas que las registraran en la policía federal, y el plazo original se demoró hasta el 3 de mayo.

El decreto de Lula del 1 de enero establece que las armas que no hayan sido registradas dentro del plazo pueden ser confiscadas. Esto significa que quienes no hayan llevado sus armas a la policía podrían tener problemas legales, incluso si solo se les da el alto de camino al campo de tiro.

El ministro de Justicia planea proponer un nuevo decreto para Lula antes del 15 de mayo para imponer nuevas reglas para clubes de tiro y armerías, y limitar la cantidad de armas y municiones que los civiles pueden obtener.

Schmidt, el propietario de armas de Río, consideraba que la medida del gobierno era una vergüenza. Pero ahora, apunta, reconoce que es importante que la policía federal conozca todas las armas que poseen los civiles.

“De esta forma, seguimos en la legalidad”, dijo.

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