Perú: Muerte de manifestantes revela divisiones históricas

Tras años de relativa prosperidad económica y esperanza en el futuro, Perú se ha visto sacudido por meses de malestar social e inestabilidad política que parecen no tener fin.

Miles de manifestantes siguen tomando las calles en Lima y en el sur del país, especialmente en Puno, donde los ciudadanos están indignados por décadas de marginación, desigualdad, denuncias de corrupción y estancamiento del nivel de vida.

La última oleada de protestas en Perú ha resultado en al menos 66 muertos, en una brutal serie de muertes que resaltan las profundas divisiones del país, que se remontan a la época colonial.

Aunque se han producido protestas en todo el país, la gran mayoría de las muertes se produjeron entre manifestantes del sur de Perú, donde los indígenas aimaras y quechuas mantienen sus propias lenguas y tradiciones culturales, así como un sentimiento de separación de los habitantes de las zonas urbanas de la costa peruana, en particular de la capital, Lima.

Centro y periferia de Perú

Desde los tiempos en que Perú era colonia española, la riqueza y el poder político del país se han concentrado en Lima.

En cambio, vastas franjas de las regiones montañosas del centro y el sur, así como la vasta región amazónica, siguen aisladas y subdesarrolladas.

Las deficientes infraestructuras sanitarias, educativas y de transporte han empujado a muchos residentes de esas zonas a emigrar a Lima en las últimas décadas, donde a menudo luchan por ser aceptados.

Los que permanecen en las zonas más rurales de Perú se sienten cada vez más frustrados por la falta de desarrollo, incluso en los periodos de mayor crecimiento económico del país.

La región meridional de Puno es un microcosmos de los problemas del Perú rural.

Más de 70 % de los niños menores de tres años padecen anemia, una enfermedad asociada a una dieta pobre, y alrededor de una cuarta parte de la población no tiene acceso a agua corriente en casa.

Según Omar Coronel, profesor de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Perú, la región ha sido una de las más olvidadas de Perú, ya que los políticos limeños consideraban que su escasa población y la falta de organización política no les obligaban a preocuparse por responder a sus necesidades.

La destitución en diciembre del presidente Pedro Castillo –acusado de corrupción y luego destituido por los legisladores tras un intento de autogolpe, y posteriormente detenido– extinguió en Puno las esperanzas de que las cosas cambiaran por fin a mejor con un presidente que se había posicionado como defensor de los más marginados de Perú.

El acceso a la atención sanitaria en las zonas rurales de Perú ha sido durante mucho tiempo un punto delicado –el país sufrió la peor tasa de mortalidad per cápita por covid-19 del mundo– y sus repercusiones se dejaron sentir con intensidad tras las protestas en la región de Puno.

Julia Paccsi, de 42 años y madre de tres hijos, dice que resultó herida por una bala en el cuello disparada por las fuerzas de seguridad cuando iba a ayudar a manifestantes heridos frente a su casa en Juliaca, la ciudad más grande de la región de Puno, el 7 de enero.

Frotar sal en viejas heridas

Una de las peticiones de los manifestantes es la dimisión de la presidenta Dina Boluarte, que solo lleva tres meses en el cargo.

Boluarte enfureció a muchos en Puno, en enero, cuando culpó a los fallidos intentos de diálogo con representantes de la región del fracaso para detener las protestas.

“Tenemos que proteger la vida y la tranquilidad de 33 millones de peruanos. Puno no es Perú”, añadió.

Boluarte se vio obligada a disculparse un día después, y un comunicado de su oficina dijo que sus palabras habían sido malinterpretadas.

Pero para muchos ya era demasiado tarde.

“Dicen que no de Perú, pero Puno sí es el Perú”, declaró Aroquipa a la prensa en Lima, una respuesta habitual entre los manifestantes de la región.

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