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Perú: Atrapan a dos venezolanos ligados a una banda de extorsionadores

Los sujetos trataron de esconderse dentro de una barbería. Uno de ellos resultó herido en el brazo.
Por: 2001
miércoles, 14 mayo 2025
Cortesía | Habrían comenzado a disparar desde el local

Autoridades de Perú detuvieron a un grupo de ciudadanos de nacionalidad venezolana, a quienes se les acusó por un atentado extorsivo contra un autobús en del Corredor Rojo, en el distrito de Ate Vitarte.

De acuerdo con el informe de la policía local, los acusados son presuntos integrantes de la banda criminal los “Desa”, la cual estaría dedicada a la extorsión, informó Panamericana.

En el momento cuando los encontraron, los hombres estaban frente a una barbería. Al notar la presencia del escuadrón policial, se escondieron dentro del local.

Al parecer, los implicados comenzaron a disparar contra los agentes, por lo que se desató una balacera en el interior del local comercial.

Un disparo alcanzó en el brazo a uno de los presuntos trabajadores de la barbería, identificado como David Ascania Ascania, de 30 años de edad y de nacionalidad venezolana.

Dentro del establecimiento, los agentes policiales hallaron cartuchos de dinamita, un arma de fuego, droga, tarjetas que los supuestos delincuentes habrían obtenido como parte de la extorsión y tres sobres con balas en su interior.

Según las autoridades, los detenidos son de nacionalidad venezolana y estarían implicados en el ataque a un bus del Corredor Rojo en el distrito de Ate.

Fuga

En un hecho aislado, seis jóvenes venezolanos, quienes se encontraban recluidos en el Centro Juvenil Maranguita en San Miguel (Perú), escaparon del recinto.

De acuerdo con los reportes del hecho, la fuga se dio durante la madrugada del viernes. Los reclusos utilizaron una soga fabricada con telas para saltar el muro y evitar los alambres de seguridad.

Francisco Naquira, director ejecutivo del Pronacej, atribuyó la fuga a un posible “descuido intencional” del personal vigilante; mientras tanto, se ordenó la detención preliminar de cinco educadores y cuatro agentes de seguridad.

El Ministerio de Justicia, encargado de los centros juveniles, enfrenta nuevas interrogantes sobre su gestión. La detención de trabajadores agrava la crisis, en un centro que alberga a jóvenes con antecedentes penales graves.

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