Parlamento francés dio luz verde a ley que endurece las disposiciones sobre migración

Los legisladores franceses aprobaron un controvertido proyecto de ley de inmigración, que ahora debe ser promulgado por el presidente Emmanuel Macron para su entrada en vigor.

Ambas cámaras del Parlamento dieron luz verde a esta ley, cuestionada por sus disposiciones más estrictas y que reduce los beneficios de asistencia social para los extranjeros.

El texto, apoyado por la ultraderecha, llegó a esta votación luego de largas horas de negociación entre diputados y senadores. Su objetivo es hacer menos atractivo el modelo social francés que, según los conservadores, es el “más generoso” de toda Europa con los extranjeros.

Ambas cámaras del Parlamento francés votaron el proyecto de ley sobre inmigración resultante de la llamada Comisión Mixta (CMP), una versión que endurece el trato a los inmigrantes y que provocó la molestia de sectores del oficialismo, al punto de poner en dificultades al presidente Emmanuel Macron.

Primero, el Senado, donde la derecha es mayoritaria, aprobó el texto por 214 votos contra 114. Posteriormente, en la Asamblea Nacional (Cámara Baja), los legisladores le dieron luz verde, con 349 votos a favor y 186 en contra.

El partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN), de Marine Le Pen, se mostró a favor del texto, impulsado por el ministro del Interior, Gérald Darmanin, quien aceptó la mayoría de las modificaciones deseadas por los republicanos.

Sin embargo, el propio ministro subrayó que la aprobación fue obtenida “sin los votos de los diputados del RN”.

Darmanin le había dicho a los diputados macronistas que, si mantenían la disciplina de voto, la aprobación sería independiente del respaldo de la ultraderecha.

Un acuerdo apoyado por la ultraderecha de Le Pen

El texto llegó a las dos cámaras luego de concretarse un acuerdo sobre el proyecto de ley de inmigración.

Los diputados y senadores reunidos en comisión mixta (CMP) llegaron a un acuerdo sobre este texto tan controvertido, con el apoyo de la extrema derecha, tras largas y difíciles horas de negociaciones.

Por su parte, el jefe de Los Republicanos (LR), Éric Ciotti, dijo que su partido se “impuso” con su texto sobre inmigración, resultante de la comisión mixta y que los 62 diputados de esa agrupación lo apoyarán.

El objetivo es hacer menos atractivo el modelo social francés que, según Ciotti, es el “más generoso” de toda Europa con los extranjeros, lo que favorece un aumento de las llegadas.

Mientras, el líder de los diputados del Partido Socialista, Boris Vallaud, lo condenó como “una vergüenza absoluta” y “un gran momento de deshonra”.

“¡Contrólense!”, reaccionó el líder de izquierda Jean-Luc Mélenchon en X (ex Twitter). “No dejen que la Agrupación Nacional contamine las leyes”, suplicó.

“Aplicar el programa de la ultraderecha es el fin del aluvión republicano”, advirtió también el jefe socialista Olivier Faure, quien invitó a los diputados macronistas “a permanecer unidos” frente a la iniciativa del Gobierno. “Hay momentos en los que las convicciones deben prevalecer sobre la sumisión al líder”, afirmó.

Restricciones a las prestaciones sociales

La polémica cuestión de un periodo mínimo de residencia en Francia para que los residentes legales no europeos puedan recibir prestaciones sociales estuvo a punto de echar por tierra las negociaciones finales.

La derecha quería introducir un mínimo de cinco años para tener derecho a prestaciones familiares, subsidio de vivienda (APL) o subsidio de compensación por discapacidad (PCH).

Según fuentes parlamentarias, el compromiso alcanzado se basa, en particular, en una distinción entre los extranjeros no comunitarios en función de si “trabajan” o no.

Para los subsidios familiares, el derecho exigible a la vivienda y el subsidio personalizado de autonomía, se ha fijado un periodo de cinco años para los que no trabajan. Para los que trabajan, el periodo es de 30 meses.

Para acceder al APL, que ha sido el principal problema en todo el asunto, se ha fijado una condición de residencia de cinco años para los que no trabajan y de tres meses para los demás.

Las nuevas restricciones no se aplican a los estudiantes extranjeros. Los refugiados y los titulares de permisos de residencia también quedan excluidos de todas estas medidas.

Hacia una reforma de la ayuda médica estatal

La bancada oficialista aprobó una serie de medidas reclamadas por la derecha, entre ellas las cuotas plurianuales de inmigración, que fijará el Parlamento, y la reintroducción de un delito de residencia ilegal castigado con multa.

El Gobierno también respondió a los ultimátum de los republicanos, en particular con un compromiso escrito de reformar la ayuda médica del Estado “a principios de 2024”.

Estas concesiones preocupan a las asociaciones. “Los diques estallan uno tras otro”, dijo Fanélie Carrey-Conte, secretaria general de la ONG Cimade, que insta a “detener esta carrera hacia el abismo”.

En un comunicado conjunto, decenas de asociaciones, sindicatos y ONG, entre ellas France terre d’asile y la Ligue des droits de l’homme (Liga de Derechos Humanos), lamentaron que el texto “sea el proyecto de ley más regresivo desde hace al menos 40 años para los derechos y las condiciones de vida de los extranjeros, incluidos los que llevan mucho tiempo en Francia”.

Los detractores de un texto excesivamente duro recibieron el martes el apoyo del Movimiento de Empresas de Francia, cuyo líder, Patrick Martin, subrayó que la economía francesa necesitará “masivamente” “mano de obra inmigrante” en las próximas décadas.

Ten la información al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/CXCN36jl0Mw10yuh3hanrd

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí: https://t.me/diarioprimicia