Panamá trata de regularizar flujo migratorio de retorno por mar

Panamá anunció que busca regularizar el flujo de migrantes en retorno a sus países que ha aumentado a través de las costas del Caribe con destino a Colombia como reacción a la ofensiva del presidente estadounidense, Donald Trump, contra la inmigración, en un esfuerzo por evitar que redes dedicadas al tráfico de personas se aprovechen de los extranjeros y por seguridad.

Después de años de lidiar con un masivo flujo migratorio irregular por el peligroso Tapón del Darién —la jungla que divide a Panamá con Colombia— con rumbo al norte, ahora las autoridades del país centroamericano enfrentan un movimiento humano a la inversa.

Además, tienen que custodiar a un centenar de deportados por el gobierno de Trump que se niegan a volver a sus países de origen.

Grupos de migrantes, principalmente venezolanos, están retornando desde México tras abandonar su sueño de llegar a Estados Unidos con el objetivo de volver a casa por vía marítima y evitar así el Darién.

Ese flujo de ida por el Darién —que alcanzó el medio millón de tránsitos en 2023— se redujo en más de 40 % en 2024 y en más de 90% en enero de este año respecto al mismo mes del año pasado, según las autoridades.

Muchos de esos migrantes que regresan del norte aguardaron meses, a veces más tiempo, para solicitar asilo formal en Estados Unidos utilizando la aplicación CBP One, implementada durante el gobierno del presidente Joe Biden.

Sin embargo, esas esperanzas se esfumaron cuando Trump asumió el cargo el 20 de enero y suspendió la aplicación.

Desde el fin de semana, varios botes con motor fuera de borda han zarpado desde una isla en la comarca indígena Guna Yala, sobre las costas del Caribe panameño, para trasladar a decenas de migrantes hasta otros puntos costeros limítrofes con Colombia, como La Miel.

El viernes en la noche, un bote con 21 personas a bordo, 19 de ellos migrantes, naufragó debido a los fuertes oleajes, lo que le costó la vida a una niña venezolana de 8 años.

El ministro de Seguridad panameño, Frank Abrego, aseguró el martes a los medios que aunque los primeros traslados en ese territorio indígena —desde el puerto de Cartí hasta La Miel— se realizaron con “pleno conocimiento de las autoridades comarcales”, se hacían a través de contactos “irregulares” con los mismos operadores de las lanchas o con los dirigentes de las islas. Guna Yala está formada por cientos de islitas.

Por ello, la policía de fronteras comenzó a ordenar ese flujo en coordinación con las autoridades de la comarca, con el fin de “poder evitar con esto que ocurran el tráfico de seres humanos, que los retengan contra su voluntad (a los migrantes) o les exijan dinero… Evitar cualquier tipo de acción criminal”, señaló el ministro.

Ello no implica que el gobierno suministrará embarcaciones o las operará para trasladar a los migrantes, en su mayoría venezolanos.

Más bien, la policía fronteriza estableció un punto despoblado en la comarca —una vieja pista aérea en la isla Ustupu— para que los botes hagan escala y un trayecto menos largo, para luego seguir a La Miel.

Panamá coordina a su vez con Costa Rica el traslado por tierra de los migrantes desde un refugio temporal en el lado tico a los campamentos de Lajas Blancas y San Vicente, en Darién, desde donde se gestionará el retorno por tierra y mar hacia el lado colombiano, agregó Abrego.

Las autoridades trasladaron la semana pasada al campamento de San Vicente a 101 de los 299 deportados por Trump recientemente a Panamá que no aceptaron retornar a sus países de origen por temor a perder su vida y mientras se les busca destino a terceras naciones.