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ONU responsabiliza al Gobierno de Nicaragua por muertes bajo custodia

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos pidió investigar los fallecimientos y revelar el paradero de 29 personas desaparecidas desde 2018.
martes, 22 septiembre 2026
Informe ONU sobre muertes por el Gobierno de Nicaragua
Cortesía | El informe fue presentado este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua concluyó que el Gobierno de Daniel Ortega es responsable de la muerte bajo custodia estatal de ocho personas detenidas por motivos políticos desde 2018.

El informe, presentado este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, advierte que los abusos documentados podrían constituir crímenes de lesa humanidad, incluidos encarcelamiento, tortura, desaparición forzada y persecución política.

Entre los casos destacados figura el del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, fundador del partido Yatama, quien permaneció detenido durante casi tres años hasta que las autoridades informaron de su muerte el pasado 31 de mayo.

Inconsistencias en relatos oficiales

Los expertos cuestionaron las explicaciones oficiales sobre su fallecimiento y señalaron que existen inconsistencias, además de criticar que no se permitiera una autopsia independiente y que su entierro se realizara antes de que su familia pudiera despedirse.

El informe también aborda la muerte de Humberto Ortega, hermano de Daniel Ortega y antiguo jefe del Estado Mayor nicaragüense, quien falleció bajo custodia en un hospital militar en septiembre de 2024. Los expertos indicaron que no pudieron verificar las circunstancias de su muerte, pero expresaron preocupación por la atención médica que recibió y las condiciones de su detención.

Otros fallecidos mencionados son Eddy Antonio Montes, Santos Sebastián Flores, Jorge Hugo Torres, José Modesto Solís, Mauricio Francisco Alonso y Carlos Cárdenas.

ONU denuncia desapariciones forzadas

El documento, titulado «Anatomía de la crueldad estatal», señala además que al menos 161 personas han sido víctimas de desaparición forzada en Nicaragua desde 2018, de las cuales 29 continuarían en paradero desconocido.

Los expertos sostienen que existen motivos razonables para considerar que estas acciones fueron ejecutadas por instituciones estatales bajo el control centralizado de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Ante esta situación, el grupo pidió al Gobierno nicaragüense revelar el paradero de los desaparecidos, liberar a los presos por motivos políticos e investigar las muertes ocurridas bajo custodia.

También solicitó devolver los restos de Rivera a su familia y comunidad, y pidió a la comunidad internacional impulsar mecanismos de rendición de cuentas por los abusos denunciados.

 

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