Ocho venezolanas recibirán indemnización por implantes PIP fraudulentos
Un tribunal de apelaciones de Francia ordenó la indemnización de un grupo representativo de 13 víctimas de las prótesis mamarias PIP (Poly Implant Prothese), en las cuales se encuentras ocho venezolanas.
El Tribunal de Apelación de Aix-en-Provence Francia, fijó la primera indemnización definitiva para una muestra representativa de víctimas de las Prótesis PIP, defendidas por Olivier Aumaître, abogado del Colegio de París.
Se trata de una sentencia histórica dictada este jueves, muy esperada por las víctimas de todo el mundo, en la que el tribunal condena a TUV Rheinland, certificador de los implantes fraudulentos, a pagar la indemnización definitiva a este grupo representativo de 13 víctimas PIP del llamado procedimiento TUV 3, de las cuales 8 son venezolanas.
Estas indemnizaciones se fijan tras previo peritaje sobre la base de los informes emitidos por los peritos judiciales.
Los importes oscilan entre 7.000 y 37.135 euros (gastos excluidos).
Esta sentencia sin precedentes supone la entrada definitiva del caso PIP en la fase final de indemnización a las víctimas.
Esta decisión servirá de referencia para las otras 3.5000 víctimas que esperan indemnización.
Es la primera vez que un tribunal se pronuncia sobre la indemnización final para las víctimas de PIP desde que se inició el caso en 2010.
Hasta ahora, los tribunales han dictado disposiciones en procedimientos civiles contra la certificadora TÜV Rheinland o indemnizaciones limitadas a daños morales en procedimientos penales, que oscilan entre 3000 y 6000 euros.
Este grupo de pacientes es representativo de todas las víctimas de PIP por abarcar todos los casos de víctimas, en función de si siguen llevando o no sus implantes, de si sus implantes se retiraron como medida preventiva o como consecuencia de una rotura y, de forma más general, en función de la gravedad de sus complicaciones.
Según el principio de indemnización íntegra de la legislación francesa, todas las pérdidas sufridas por una víctima deben ser indemnizadas, ya sean temporales o permanentes, físicas o financieras.
Los gastos reclamados por estas 13 víctimas oscilan entre 10.000 y 17.000 euros, con un importe medio de 11.504 euros. Por lo tanto, estos importes deben añadirse a la indemnización concedida hoy.
TUV tiene que cubrir la totalidad de los costos del peritaje y reembolsar a las víctimas los depósitos pagados (500 euros por víctima) y pagarles una cantidad para cubrir sus otros gastos legales (500 euros según artículo 700), es decir, un total de 1.000 euros por cada víctima además de los daños personales.
Además, cabe esperar que las cantidades que cubran los daños sean mucho más elevadas para otros pacientes con casos más graves.
Para Olivier Aumaître, abogado de las víctimas que inició el caso PIP: “Esta decisión, que devuelve al gigante TUV a la realidad del desastre sanitario que provocó, es histórica. 13 años después del inicio del escándalo y otros tantos de batallas legales, las víctimas de PIP, que finalmente obtienen justicia, conocen la indemnización a la que pueden aspirar. Sólo podemos alegrarnos de que vean que nuestras demandas han sido escuchadas.
Estas 13 mujeres constituyen un grupo de prueba que servirá de referencia para las otras 35.000 víctimas implicadas en uno de los 6 casos en curso contra TUV. Algunas pacientes tienen lesiones mucho más graves. Teniendo en cuenta la sentencia de hoy, las indemnizaciones podrían superar los 50.000 euros en los casos más graves.
Más de la mitad de las víctimas han sufrido la rotura de sus implantes. Con o sin rotura, la silicona industrial se extiende por el cuerpo formando bolas, que a menudo provocan inflamaciones: los siliconomas.
La mayoría de las veces se localizan en los ganglios linfáticos, pero también pueden alcanzar los pulmones u otros órganos. El 30% de las pacientes están afectadas.
Por tanto, se espera que la factura final supere los 500 millones en indemnizaciones para el gigante alemán certificador.
Además, las víctimas pueden solicitar en cualquier momento una indemnización adicional en caso de aparición de nuevos perjuicios o de empeoramiento de su situación.
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