Nueva protesta en Argentina contra políticas de Milei

Miles de integrantes de la principal central sindical y de organizaciones sociales de Argentina se manifestaron el miércoles ante la sede del Poder Judicial en contra del polémico decreto del presidente Javier Milei que desregula la economía y contempla reformas laborales que consideran desfavorables para los trabajadores.

La protesta fue encabezada por la Confederación General del Trabajo junto con las dos ramas en que se divide la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), quienes cuestionaron la “constitucionalidad” del decreto.

Se sumaron además la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep), que representa a los que realizan tareas de manera informal, y organizaciones sociales izquierdistas.

“La patria no se vende” era uno de los cánticos de los manifestantes concentrados en la plaza situada frente al Palacio de Justicia —sede del Poder Judicial y la Corte Suprema— en contra del paquete de reformas anunciado la semana pasada por el mandatario, un economista neoliberal que ha prometido drásticas reformas para enderezar la economía y atajar la inflación que se encamina a una tasa de 200 % a fin de año.

Durante la jornada de protesta, se conoció que el juez laboral Ignacio Ramonet rechazó una presentación realizada por la central sindical solicitando la suspensión de varias modificaciones contempladas en el decreto.

El magistrado argumentó que este último todavía no se encuentra vigente y no existen razones “graves y objetivamente impostergables… que habiliten el dictado de una medida cautelar interina”.

Ramonet sí se asumió competente para tramitar la acción de amparo que presentó la central obrera en contra de la resolución normativa impulsada por Milei y notificó al gobierno para que dé respuesta.

Representantes de la CGT leyeron un escrito en el que cuestionaron que Milei “prometió hacer un ajuste que lo pagaría lo que él denomina ‘casta política’ y que los trabajadores recibiríamos los beneficios de ese recorte”.

“Pero su primer acto de gobierno es un decreto de necesidad y urgencia que, entre otras muchas medidas arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas de un vasto número de derechos civiles, comerciales y sociales, introduce una feroz reforma laboral regresiva cuyo único objetivo es disciplinar a los trabajadores, cercenar la actividad sindical y privilegiar intereses empresariales”, expresó la central sindical.

El desarrollo de la protesta fue monitoreado por el gobierno mediante un severo protocolo de seguridad que anunció recientemente y que prohíbe el corte de las vías públicas.

Los manifestantes entraron a la plaza de forma ordenada, pero por breves periodos de tiempo ocuparon calles aledañas.

La desconcentración de la zona por parte de los manifestantes fue pacífica, pero al poco tiempo se registraron incidentes en una avenida céntrica de la capital, en la que un grupo reducido de personas se enfrentó a la policía, que las fue desalojando con virulencia del lugar al tiempo que golpeaba a periodistas que registraban la escena, mostraron canales de televisión locales.

Medios de prensa reportaron que varias personas han sido detenidas, sin que haya hasta ahora datos oficiales.

El decreto, que entraría en vigor el viernes, contempla la derogación o modificación de más de 300 leyes con el fin de desregular una economía fuertemente intervenida por el Estado desde hace décadas.

En materia laboral, introdujo cambios que desafían el poder de los sindicatos y modificaciones a la legislación que hasta ahora ha favorecido a los trabajadores.

Por un lado restringe el derecho a huelga en actividades esenciales como los servicios hospitalarios, la educación y el transporte y abre el juego para nuevos mecanismos de indemnización que harán menos engorroso el despido de empleados.

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