Nicaragua: Condenan a obispo a 26 años y 4 meses de cárcel

La justicia nicaragüense condenó el viernes al obispo católico Rolando Álvarez a una pena de 26 años y cuatro meses de cárcel y le quitó su nacionalidad, según fuentes oficiales en Managua, un día después de que el líder religioso se rehusara a volar a EEUU con los otros 222 liberados el jueves.

La condena impuesta por el magistrado Octavio Ernesto Rothschuh, de la corte de apelaciones de Managua, que es la más larga aplicada a disidentes y críticos del gobierno del presidente Daniel Ortega en los últimos dos años.

Álvarez fue detenido en agosto junto a otros sacerdotes y ciudadanos. Ortega dijo el jueves por la noche que Álvarez se negó a abordar el avión con destino a Washington sin antes consultarlo con otros obispos. Ortega lo consideró como “absurdo”.

El presidente dijo que Álvarez, que estaba hasta ese momento bajo arresto domiciliario, fue trasladado a la cárcel cercana de Modelo. Su sentencia estaba programa para la próxima semana.

Álvarez era uno de las figuras religiosas más destacadas que aún han permanecido en Nicaragua en un contexto de aumento de la represión de Ortega contra la oposición.

Consultada por The Associated Press, la abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dijo que el juez “agregó arbitrariamente y a última hora” nuevos delitos contra monseñor Álvarez que no estaban incluidos en la sentencia inicial.

La sentencia original mencionaba los delitos de “conspiración” y “propagación de noticias falsas”, a los que sumaron luego los cargos de “obstrucción de funciones agravadas” y “desacato a la autoridad”.

El Cenidh reprobó vía Twitter “el odio y las descalificaciones con las que Daniel Ortega se refirió a monseñor Rolando Álvarez” la noche del jueves y advirtió que ello “representa un riesgo adicional” para él.

“La integridad personal y la vida de monseñor están en peligro”, señaló.

La condena de prisión al líder católico se dio a conocer un día después de la liberación de 222 disidentes, considerados presos políticos, que volaron a Washington el jueves.

Las sanciones de Estados Unidos y las críticas públicas al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, venían incrementándose poco a poco desde hacía meses, pero tanto funcionarios estadounidenses como nicaragüenses dicen que la decisión de poner a 222 disidentes en un avión con rumbo a Washington fue repentina.

La aeronave recién había despegado el jueves cuando surgieron las primeras noticias sobre la sorpresiva liberación de figuras de la oposición, periodistas, activistas y sacerdotes que la mayoría consideraba presos políticos.

Gran parte de ellos ya habían sido sentenciados en los últimos dos años a largas penas de prisión. Tenían poco contacto entre ellos y menos aún con el mundo exterior.

Para Ortega son terroristas. Financiados por gobiernos extranjeros, trabajaron para desestabilizar a su gobierno después de que estallaran enormes protestas callejeras en abril de 2018, según el presidente nicaragüense.

Ortega dijo que la vicepresidenta Rosario Murillo, que es su esposa, fue la que tuvo la idea de expulsar a los prisioneros.

“Me dice Rosario, y por qué no le decimos al embajador que se lleven a todos estos terroristas?”, contó Ortega en un discurso que pronunció el jueves por la noche. En cuestión de días ya se había concretado.

“La cronología, nuevamente, fue muy corta”, dijo una funcionaria del departamento de Estado que habló bajo condición de anonimato, sugiriendo que el proceso de la transferencia se realizó en tan solo dos días.

“Una vez que nos dimos cuenta de esto, pudimos entrar en acción y garantizar el transporte seguro de estas personas”, añadió.

Nicaragua tenía una lista de 228 prisioneros que quería sacarse de encima. Estados Unidos quitó a cuatro de ellos de la lista y luego dos más se negaron a subir al avión el jueves, dijeron funcionarios de ambos países.

Emily Mendrala, la subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del departamento de Estado, enfatizó el viernes en una rueda de prensa telefónica que fue una decisión de Nicaragua.

“Puede ser que la presión de estas sanciones tuvieron un impacto, pero fue una decisión unilateral”, dijo Mendrala en español.

“No había ninguna negociación y Nicaragua no pidió nada”, sostuvo.

Ortega lo había dicho la noche anterior. Lo enmarcó como una cuestión de principios y soberanía.

“No estamos pidiendo que nos levanten las sanciones. No estamos pidiendo nada a cambio”, expresó. “Que se lleven sus mercenarios”.

Siempre hay un trasfondo

Jared Genser, un abogado de derechos humanos que llevó los casos de los líderes opositores Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, dijo el viernes que “los dictadores nunca liberan a los presos políticos porque quieren, los liberan cuando tienen que hacerlo, cuando liberarlos es la opción menos peor”.

Pudiera haber sido que la atención constante a la situación de los presos por parte de las organizaciones de derechos humanos, las Naciones Unidas y los gobiernos extranjeros los convirtió en una responsabilidad mayor que simplemente expulsarlos de Nicaragua.

“Esto parece ser una especie de válvula de escape porque ha habido mucha presión internacional, presión de la UE (Unión Europea), de Estados Unidos, de otros”, señaló Antonio Garrastazu, director regional para América Latina y el Caribe del International Republican Institute en Washington.

Es posible que Ortega haya querido sacarlos y evitar que “hagan más daño dentro de Nicaragua que fuera”, agregó Garrastazu.

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