México rechazó centros de procesamiento de migrantes en su país

El presidente Andrés Manuel López Obrador objetó la solicitud de Estados Unidos de establecer en México centros de procesamiento de migrantes, similares a los que se acordaron con la vecina Guatemala para recibir a los extranjeros mientras tramitan sus solicitudes de visas temporales de trabajo y refugio.

Al rechazar la propuesta de Washington, López Obrador dijo en su conferencia matutina que era partidario de que los centros de procesamiento operen en los países de donde provienen los migrantes, y refirió que el tema se discutirá en la cumbre que se realizará el 22 de octubre en la localidad sureña de Palenque, estado de Chiapas, donde se espera la participación de los presidentes y cancilleres de 11 países latinoamericanos.

“No queremos que se establezcan sitios de migrantes en nuestro país en espera que se les den estas visas temporales”, sostuvo el mandatario, y agregó que hablará sobre ese tema con sus homólogos de Ecuador, Colombia, Venezuela, El Salvador, Honduras, Guatemala, Haití, Cuba, Costa Rica, Panamá y Belice, para definir una propuesta regional.

Lopez Obrador adelantó que quiere que los centros de procesamiento se instalen “donde se origina la migración, de donde son originarios los migrantes”, para que no tengan que transitar por México en su ruta hacia Estados Unidos.

En Guatemala se han establecido centros de procesamiento de migrantes financiados por Estados Unidos para recibir extranjeros que quieren solicitar visas de trabajo, reunificación familiar o refugio.

Los centros forman parte de una estrategia más amplia destinada a reducir el gran número de migrantes procedentes de América Latina y el Caribe que llegan a Estados Unidos.

Eventualmente, los solicitantes con citas programadas serán recibidos en oficinas que se abrirán en ocho localidades de Guatemala.

El creciente flujo de migrantes ha provocado tensiones entre Estados Unidos y México.

El gobierno mexicano envió el lunes una nota diplomática a Estados Unidos quejándose del cierre de algunos pasos fronterizos de transporte de carga debido al gran número de migrantes aglomerados en la frontera.

En la nota diplomática, el gobierno mexicano solicitó a Washington restablecer el flujo comercial que se ha visto interrumpido por el cierre de operaciones de carga en el puente Córdoba-Las Américas desde el 18 de septiembre y el cierre del puente de Piedras Negras-Eagle Pass desde el 20 de septiembre, así como el cierre del cruce peatonal de El Chaparral-San Ysidro desde el 14 de septiembre.

Tras un proceso de diálogo se logró la reapertura parcial del área comercial del puente de Córdoba-Las Américas a partir del martes.

México también expresó preocupación por las inspecciones de camiones de carga que está realizando Texas, que han causado grandes retrasos en los cruces fronterizos.

López Obrador afirmó el lunes que la decisión del gobernador de Texas, Greg Abbott, de aplicar inspecciones adicionales a los camiones era “muy irresponsable” y tenía motivaciones políticas.

La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga de México dijo el domingo que 19.000 camiones sufrieron retrasos en la frontera. La asociación de transporte de mercancías afirmó que los camiones retrasados transportaban unos 1.900 millones de dólares en mercancías.

Entre agosto y septiembre la migración irregular en México tuvo un salto de 20 % al pasar de 225.311 a 269.780 personas, informó el lunes el gobierno.

Las autoridades mexicanas se han visto desbordadas en las últimas semanas ante la masiva llegada de miles migrantes que están utilizando todos los medios de transporte, incluido los trenes, para llegar a la frontera sur de Estados Unidos.

La canciller mexicana Alicia Bárcena informó que a mediados de la semana pasada se registró en un día 9.964 encuentros con migrantes en la frontera norte de México y otros 4.474 en la frontera sur.

Ante el creciente flujo de extranjeros, el Instituto Nacional de Migración solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores iniciar las gestiones diplomáticas para que los gobiernos de Venezuela, Brasil, Colombia, Cuba y Nicaragua acepten el “retorno asistido vía área de sus connacionales”.

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