México aprueba reforma judicial que está llena de polémicas

La polémica reforma constitucional que restructurará el Poder Judicial mexicano y hará que todos los jueces sean elegidos en comicios, un cambio que sus críticos temen que politice la justicia y ponga en peligro la democracia, fue aprobada el miércoles de madrugada por el Senado en una convulsa sesión y horas después comenzó su ratificación por el primer estado, Oaxaca.

La votación en el Senado, el lugar donde más fácilmente se podría haber trabado la iniciativa aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados, se hizo en dos lugares distintos ya que los senadores tuvieron que trasladarse a otra sede cuando cientos de manifestantes contrarios a la reforma irrumpieron en la sesión después de que Morena —el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador— y sus aliados ya parecían haber logrado el voto que les faltaba para cambiar la Constitución.

Pese a las fuertes protestas, tanto dentro como fuera de la cámara, la propuesta logró el voto a favor de 86 senadores, incluido uno de la oposición, frente a 41 en contra.

Eran las cuatro de la madrugada cuando la cámara alta estalló en vítores y cánticos de “Sí se pudo” por parte del oficialismo. Acababa una sesión maratónica, llena de gritos, acusaciones cruzadas, denuncias de los partidos de oposición de presiones y juego sucio.

Una vez aprobados por las dos cámaras del Congreso, los cambios constitucionales necesitan la ratificación de 17 de los 32 congresos estatales y la del primero llegó sólo un par de horas después.

En torno a las 6 de la mañana, el sureño estado de Oaxaca se convirtió en el primero en avalarla de forma unánime, con 41 votos a favor.

Todo apunta a que el resto de los estados donde gobierna Morena o sus aliados se pronunciarán con la misma rapidez con lo que la reforma podría entrar en vigor antes del fin de la presidencia de López Obrador el 30 de septiembre, pese a los recursos judiciales que hay en su contra.

La presidenta electa Claudia Sheinbaum felicitó a los senadores por lo logrado y dijo que “con la elección de jueces, magistrados y ministros se fortalecerá la impartición de justicia” y “el régimen de corrupción y privilegios se queda cada día más en el pasado”.

Protesta

La batalla en el Senado se ganó gracias al voto de un senador del opositor Partido Acción Nacional (PAN), que antes se había posicionado en contra, y pese a que el martes por la noche manifestantes con tuberías y cadenas irrumpieron en la cámara con la intención de bloquear la votación.

Al menos una persona se desmayó.

Los inconformes dijeron que los legisladores no estaban escuchando sus demandas. Ingresaron ondeando banderas de México y pancartas en contra de la reforma, y algunos senadores de la oposición se les sumaron mientras gritaban consignas dentro del Senado.

Afuera del recinto, otros estallaron en júbilo cuando los noticieros anunciaron que el Senado tomaría un receso.

Entre ellos se encontraba Alejandro Navarrete, un empleado del poder judicial de 30 años de edad, quien dijo que personas como él que trabajan en los tribunales acudieron para exigir al Senado que rechace la propuesta “sabiendo el peligro que presenta la reforma”.

Pero poco después, el Senado volvió a reunirse en otro lugar y retomó el debate sobre la propuesta. La primera votación a favor del texto en general llegó poco después de la medianoche. Después fue la del articulado.

Empleados judiciales y estudiantes de derechos han protestado contra el proyecto durante semanas.

Detractores y analistas afirman que la medida, la cual haría que los jueces sean elegidos por voto popular, pone en riesgo la independencia judicial y representa un duro golpe para el sistema de contrapesos del gobierno.

López Obrador —un populista que ha tenido marcadas diferencias desde hace tiempo con los organismos reguladores independientes, que ha ignorado fallos judiciales y lanzado fuertes críticas contra jueces— asegura que su plan acabaría con la corrupción al facilitar sancionar a los magistrados.

Sus detractores afirman que la medida perjudicará al poder judicial, llenará las cortes con jueces afines al partido en la presidencia y permitirá que cualquier persona con un título en derecho se convierta en juez, e incluso facilitaría que políticos y delincuentes puedan influir en los fallos del tribunal.

La propuesta ha generado preocupación entre los inversionistas e incluso el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se refirió al plan como un “riesgo” para la democracia y una amenaza económica.

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