Lasso firmó un decreto para combatir bandas criminales en Ecuador

Ante la ola de violencia e inseguridad que afecta a Ecuador desde hace dos años, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso dispuso a las fuerzas armadas y policías ejecutar de inmediato acciones antiterroristas en todo el territorio nacional y con todos los medios a su disposición contra organizaciones criminales a las que el gobierno responsabiliza de la situación.

La nueva instrucción consta en un decreto ejecutivo suscrito por el mandatario, en que además ordena al ministerio de Finanzas asignar los recursos económicos requeridos por ambas instituciones.

No se especifica, no obstante, ni las acciones a tomar ni el monto de los fondos disponibles.

La semana pasada, el gobierno ecuatoriano declaró terroristas a los grupos criminales vinculados al narcotráfico nacional e internacional que, según la explicación oficial, en los últimos años han generado una creciente ola de violencia en todo el país caracterizada por atentados con artefactos explosivos, secuestros, extorsión y asesinatos.

El analista político y profesor de la universidad Central Fernando Borja, en declaraciones a AP reconoció que el Estado “ha sido incapaz de hacer respetar su orden jurídico” y ha ido debilitándose. Dijo que la situación es muy grave en Ecuador porque la delincuencia se está tomando el país.

Ante la emisión de un nuevo decreto relacionado con la seguridad, cuestionó su utilidad: “No entiendo para qué puede servir este decreto”. Argumentó que en algunas zonas del país que están en poder de las mafias criminales ya no rige el Estado de derecho, “entonces, imagínese un decreto… ¿Para qué pueda servir?”.

En un intento de frenar la ola de criminalidad y reducir la creciente actividad delictiva, Lasso había ordenado que las Fuerzas Armadas realicen patrullajes preventivos en las calles, especialmente en sectores de gran conflictividad y en carreteras, aunque no contaban con la autorización de integrarse a una lucha abierta contras las mafias.

Los militares ya habían sido movilizados para la seguridad interna, amparándose en más de una decena de estados de excepción en los últimos dos años.

La principal función de los militares era proteger las fronteras y hacer frente a las amenazas externas.

El decreto también pide al Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, encargado del sistema penitenciario, que tome las previsiones necesarias para recibir a los uniformados que sean sometidos a la justicia penal por sus acciones en el marco de la lucha antiterrorista.

El analista y docente de la universidad Andina, Gustavo Isch, comentó que esta decisión revela la inseguridad jurídica y las nulas condiciones de defensa legal en que se encuentran los uniformados que combaten el crimen organizado y que a menudo son sometidos a la justicia y deben defenderse por cuenta propia, con el riesgo además de perder su carrera.

Consultado acerca del riesgo de impunidad, aseguró que “existe esa posibilidad, pero aspiro a que las fuerzas del orden hagan lo que tienen que hacer en el marco de los derechos humanos”, pero deben actuar con dureza ante delincuentes bien armados y con tecnología de última generación.

Aunque las autoridades no identificaron a las bandas criminales identificadas como terroristas las de mayor actividad ilícita son: Choneros, Fatales, Gángsters, Lobos, R7, Lagartos, Tiguerones y Chone Killers. Controlan, de acuerdo con lo informado por las autoridades, amplios sectores de las provincias especialmente del litoral ecuatoriano, por donde pasan los narcóticos en su ruta a Estados Unidos y Europa.

El ministro del Interior, Juan Zapata, anunció esta semana una reorganización, reentrenamiento y fortalecimiento de todas las unidades de la Policía Nacional para combatir las bandas criminales.

“Nosotros, en uso de las atribuciones legales, en uso del arma de dotación y de toda la fuerza coercitiva del Estado, seguiremos firmes. El país debe recuperar la seguridad y tranquilidad que siempre tuvo”, puntualizó Zapata.

El ministro insistió en que es fundamental la información que suministren los equipos de inteligencia para determinar cómo y dónde actuar.

“El miedo debe estar de lado de los terroristas, no del lado de la comunidad, ni de los buenos”, expresó Zapata.

Mayor dotación de armamento

El comandante de la Policía, Fausto Salinas, informó que la declaración de “terroristas” a las bandas del crimen organizado permite una “acción más fuerte” de la fuerza pública.

Dijo que se incrementarán las operaciones de la Policía, que al menos 1.700 miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden recibirán capacitación en combate cerrado y las unidades tácticas volverán a recibir entrenamiento en tácticas de investigación e inteligencia orientadas al tratamiento del terrorismo.

El decreto presidencial firmado da luz verde al Ministerio de Finanzas para la asignación de recursos económicos a las Fuerzas Armadas y la Policía dentro de la aplicación del decreto.

Ecuador atraviesa una crisis de seguridad en la que con frecuencia se reportan masacres, tiroteos, matanzas en los centros penitenciarios y enfrentamientos entre bandas del crimen organizado que se disputan el territorio para el control de tráfico de drogas.

El año pasado Ecuador decomisó 210 toneladas de droga, en su mayor parte cocaína, y en lo que va del año, el monto se ubica en 60 toneladas, según la autoridad. También son frecuentes los reportes policiales que señalan que en puertos europeos se decomisó gran cantidad de narcóticos, provenientes de puertos ecuatorianos.

El país además registra a diario asesinatos vinculados al crimen organizado, atentados con material explosivo en contra de negocios, asaltos, secuestros y amedrentamiento por parte de presuntos delincuentes vinculados con bandas del crimen organizado.

En lo que va de 2023 se han producido 2.210 muertes violentas en Ecuador, según el Ministerio del Interior. Una cifra que va en ascenso y que, de seguir el ritmo, podría romper el récord de 2022, que cerró con más de 4.000 homicidios.

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