Justicia rechaza cierre parcial de Madrid y gobierno plantea estado de alarma

La justicia rechazó este jueves el confinamiento perimetral impuesto para combatir la epidemia del covid-19 en Madrid y otras ciudades aledañas, un revés para el gobierno español que se prepara para declarar el estado de alarma en esta región.

Seis días después de su aplicación, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid denegó ratificar la restricción de movilidad que afectaba a 4,5 millones de personas de la capital y otros nueve municipios de la región de Madrid, la más impactada de España por el virus con más del doble de incidencia de la media nacional.

Desde el viernes pasado, los residentes en estas zonas sólo podían salir de su localidad para ir a trabajar o estudiar, acudir al médico y atender a personas dependientes.

En un comunicado, el alto tribunal alega que estas medidas, impuestas por el ministerio de Sanidad pese al rechazo del gobierno regional conservador, afectan “los derechos y libertades fundamentales” y que la ley utilizada no ampara su limitación.

Ante este varapalo, el jefe de gobierno Pedro Sánchez se prepara para una posible activación en Madrid del estado de alarma, que entre marzo y junio sirvió para amparar el severo confinamiento impuesto a los españoles para frenar el virus.

En conversación con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, contraria a estas restricciones, Sánchez le propuso tomar las mismas medidas con una ley regional o aplicar el estado de alarma, ya sea a solicitud propia o por decisión del ejecutivo central, señaló el gobierno en un comunicado.

También anunció la convocatoria el viernes de un consejo de ministros extraordinario, el foro donde debe aprobarse esta medida que serviría para restaurar las restricciones “que ya se venían aplicando”.

“Consideramos preocupante la evolución de la pandemia en Madrid y, en consecuencia, tenemos que poner todos los instrumentos encima de la mesa para doblegar la curva”, había advertido Sánchez horas antes durante una visita oficial a Argelia.

Según un comunicado de la líder regional, ambas administraciones mantendrán el viernes temprano una reunión en la que espera “pactar una solución que beneficie a los ciudadanos y dé claridad”.

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