Juez: Gobierno de EEUU pudo haber actuado de mala fe en deportaciones a El Salvador

Un juez federal señaló el jueves que el gobierno del presidente Donald Trump pudo haber “actuado de mala fe” en su intento por sacar a toda prisa a los migrantes venezolanos del país antes que un tribunal pudiera bloquear sus deportaciones a El Salvador.

El juez de distrito James “Jeb” Boasberg, en Washington, exigió a un abogado del Departamento de Justicia que explicara las acciones del gobierno durante una importante audiencia judicial para determinar si la Casa Blanca ignoró sus órdenes de que los aviones que trasladaban a los migrantes a El Salvador regresaran a Estados Unidos.

Boasberg dijo que podría emitir un fallo incluso a partir de la próxima semana sobre si hay motivos para declarar a alguien en desacato de la corte por desafiar la orden judicial.

El caso se ha convertido en un punto álgido en una disputa entre el poder judicial y gobierno federal en medio de las crecientes frustraciones de la Casa Blanca por las órdenes judiciales que bloquean partes fundamentales de la agenda general del mandatario.

Trump ha exigido que el juez sea destituido, mientras que el Departamento de Justicia argumenta que el juez está excediendo su autoridad.

Boasberg ordenó hace unas semanas al gobierno que no deportara a ninguna persona bajo su custodia en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, la cual se estableció en tiempos de guerra en 1798 y que invocó Trump por lo que calificó como una invasión de la banda venezolana Tren de Aragua.

El juez también ordenó que cualquier avión con inmigrantes venezolanos que estuviera en el aire regresara de inmediato a Estados Unidos, lo que no sucedió.

Boasberg, quien fue designado al cargo por el presidente Barack Obama, indicó que aparentemente el gobierno había intentado sacar a los deportados del país lo más rápido posible antes de que un tribunal pudiera intervenir.

Le dijo a un abogado del Departamento de Justicia que sospecha que el gobierno pudo haber “actuado de mala fe durante todo ese día”.

“Si realmente creían que cualquier cosa que hicieran ese día podía sobrevivir a una impugnación judicial, me cuesta trabajo creer que hubieran actuado de la manera en que lo hicieron”, dijo Boasberg.

El Departamento de Justicia ha dicho que el gobierno no violó la orden del juez, argumentando que no se aplicaba a los aviones que ya habían salido del espacio aéreo de Estados Unidos al momento en que se emitió la orden.

La dependencia también ha señalado que la orden escrita del juez no decía nada sobre los vuelos que ya habían salido de Estados Unidos y que, de cualquier forma, el juez no tenía la autoridad para obligar al presidente a ordenar que los aviones regresaran al país.

El gobierno se ha negado a responder a las preguntas del juez sobre cuándo fue que aterrizaron los aviones y quién estaba a bordo, argumentando que esas cuestiones son “secretos de Estado”.

El asistente adjunto del fiscal general, Drew Ensign, declaró ante el juez que los detalles sobre los vuelos son de enorme importancia diplomática, ya que los migrantes estaban siendo enviados a un tercer país que había llegado a un acuerdo con Estados Unidos para retenerlos en su prisión.

Añadió en repetidas ocasiones que no conocía ningún “detalle operativo” sobre los vuelos de deportación del 15 de marzo.

“No tenía conocimiento por parte de mi cliente de que ese fuera el caso”, respondió Ensign cuando se le preguntó si durante la audiencia judicial de ese día sabía que los aviones ya estaban en el aire o estaban a punto de despegar.

El gobierno ha solicitado a la Corte Suprema que le permita reanudar las deportaciones de migrantes venezolanos a El Salvador al amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros.

El Departamento de Justicia afirma que los tribunales federales no deberían interferir con negociaciones diplomáticas sensibles.

También aseguró que los migrantes deberían presentar su caso ante un tribunal federal en Texas, donde se encuentran detenidos.