Juez frena deportaciones bajo ley invocada por Trump para declarar invasión del “Tren de Aragua”

Un juez federal prohibió el sábado que gobierno del presidente Donald Trump realice deportaciones en virtud de una ley del siglo XVIII que el mandatario invocó unas horas antes tras afirmar que Estados Unidos estaba siendo invadido por el “Tren de Aragua” y que tenía nuevas facultades para expulsar a sus miembros del país.

James E. Boasberg, juez principal de la corte federal de distrito para el Distrito de Columbia, explicó que necesitaba emitir su orden de inmediato porque el gobierno ya estaba trasladando a El Salvador y Honduras a migrantes que, afirma, eran recientemente “deportables” según la proclamación de Trump para ser encarcelados en esos países. El Salvador acordó esta semana que aceptaría hasta 300 migrantes que el gobierno de Trump designó como miembros de pandillas.

“No creo poder esperar más y estoy obligado a actuar”, declaró Boasberg durante una audiencia realizada el sábado por la tarde, en una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu, por sus siglas en inglés) y Democracy Forward. “Un breve retraso en su expulsión no perjudica al gobierno”, añadió, y dijo que los migrantes permanecen bajo custodia del gobierno, pero ordenó el regreso de cualquier avión en el aire.

El fallo se produjo horas después que Trump afirmara que la pandilla venezolana Tren de Aragua estaba invadiendo Estados Unidos e invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una amplia autoridad en tiempos de guerra que da al presidente un mayor margen de maniobra en políticas y acciones ejecutivas para acelerar las deportaciones masivas de personas.

La ley solo se ha utilizado tres veces en la historia de Estados Unidos, todas ellas durante guerras. Su aplicación más reciente fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se utilizó para encarcelar a alemanes e italianos, así como para el internamiento masivo de civiles estadounidenses de origen japonés.

En una proclamación publicada poco más de una hora antes de la audiencia de Boasberg, Trump sostuvo que el Tren de Aragua estaba efectivamente en guerra con Estados Unidos.

“A lo largo de los años, las autoridades nacionales y locales venezolanas han cedido cada vez más control sobre sus territorios a organizaciones criminales transnacionales, incluido el TdA”, se lee en la declaración de Trump. “El resultado es un estado criminal híbrido que perpetra una invasión y una incursión depredadora en Estados Unidos, y que representa un peligro sustancial para Estados Unidos”.

La orden podría permitir que el gobierno deporte a cualquier migrante al que identifique como miembro de la pandilla sin pasar por los procedimientos de inmigración regulares, y también podría eliminar otras protecciones según la ley penal para las personas señaladas por el gobierno.

La pandilla Tren de Aragua se originó en una prisión del país sudamericano y acompañó un éxodo de millones de venezolanos, la gran mayoría de los cuales buscaban mejores condiciones de vida cuando la economía de su nación se desmoronó la década pasada. Trump y sus aliados han convertido a la pandilla en el rostro de la supuesta amenaza que representan los inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos y la designaron formalmente como una “organización terrorista extranjera” el mes pasado.

Las autoridades de varios países han informado de arrestos de miembros del Tren de Aragua, aun cuando el gobierno de Venezuela afirma haber eliminado a la organización criminal.

El gobierno estadounidense dijo que Trump en realidad firmó la orden el viernes por la noche. Los abogados de inmigración señalaron que el gobierno federal de repente comenzó a deportar a venezolanos a los que, de otro modo, no tendrían el derecho legal de expulsar del país, y se apresuraron a presentar demandas para bloquear lo que, en su opinión, era una proclamación pendiente.

Boasberg emitió una orden inicial a las 9:20 de la mañana del sábado, la cual impidió que la administración de Trump deportara a cinco venezolanos mencionados como demandantes en la reclamación de la Aclu que estaban siendo detenidos por el gobierno y creían que estaban a punto de ser deportados. El gobierno de Trump apeló esa orden, argumentando que detener un acto presidencial antes de que se haya anunciado paralizaría al poder ejecutivo.

Si se hubiera permitido que la orden se mantuviera, “los tribunales de distrito tendrían licencia para prohibir prácticamente cualquier acción urgente de seguridad nacional solo con la recepción de una queja”, escribió el Departamento de Justicia en su apelación.

Más tarde, Boasberg programó la audiencia vespertina para decidir si expandiría su orden a todas las personas que podrían ser señaladas de acuerdo con la declaración de Trump.

El subprocurador general adjunto Drew Ensign argumentó que el presidente tenía una amplia libertad para identificar amenazas al país y actuar de conformidad con la ley de 1798. Señaló que la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que presidente Harry Truman retuviera a un ciudadano alemán en 1948, tres años después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo con la medida.

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