Juez falló en contra de acción que buscaba evitar traslado de migrantes a Guantánamo

Un juez federal de Estados Unidos falló el viernes en contra de activistas que intentaban ayudar a migrantes enviados a la base militar de Guantánamo —y que también trataban de evitar que haya más transferencias—, días después de que el gobierno del presidente Donald Trump transfiriera a todos los migrantes fuera de la instalación en Cuba.

El juez de distrito Carl J. Nichols se negó a bloquear preventivamente la transferencia de 10 migrantes a la base militar, y desestimó una reclamación por separado que argumentaba que los migrantes detenidos en Guantánamo merecían tener acceso a abogados.

La decisión del juez en un tribunal de Washington se basó en gran medida en el hecho de que en este momento no hay migrantes detenidos en la base militar, lo que, según Nichols, socavaba los argumentos jurídicos de que los migrantes mantenidos allí o que son enviados allí sufrirían un daño irreparable.

Trump ha dicho que quiere enviar a los peores migrantes criminales a Guantánamo, en un momento en que su gobierno intenta incrementar las deportaciones masivas y ampliar la capacidad de detención de inmigrantes.

Sin embargo, grupos defensores de los derechos civiles han demandado en dos casos que el juez combinó.

En un caso, el Centro de Defensa de Inmigrantes Las Américas argumentó que los migrantes detenidos en Guantánamo debían tener acceso a representación jurídica.

En el segundo caso, abogados que representan a diez migrantes demandaron, diciendo que encajaban en un perfil de personas que el gobierno ya había enviado a Guantánamo, y le pidieron al juez que impidiera que los mantuvieran allí.

Los abogados que representan a los migrantes han argumentado que las personas estaban siendo mantenidas en condiciones brutales y que algunas habían intentado suicidarse.

Pero el juez rechazó ambas iniciativas.

En el caso sobre el acceso de migrantes a servicios jurídicos en la isla, los abogados del gobierno dijeron que habían tomado medidas para mejorar el acceso a dichos servicios en las instalaciones de la isla, como colocar señalización que informe a los detenidos sobre sus derechos legales y permitir que se comuniquen con abogados.

Pero Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu, por sus siglas en inglés), indicó que aún no podían tener visitas de abogados en persona.

Uno de los abogados del gobierno señaló que todavía estaban tratando de resolver problemas de autorizaciones de seguridad.

En el segundo caso, con respecto a los intentos para evitar que los 10 migrantes fueran enviados a Guantánamo, el juez indicó que no habían demostrado que definitivamente serían enviados allí y que, en este momento, la transferencia sólo era una posibilidad.

El juez indicó su disposición a volver a revisar el asunto si el gobierno envía más detenidos a Guantánamo.

Dijo que no establecería un cronograma sobre qué tan rápido el gobierno tiene que informarle sobre futuras transferencias, pero estableció un plazo que vence el miércoles para que el gobierno le informe cómo lo mantendrá al tanto de los futuros planes de transferencia.

Gelernt dijo que el gobierno estaba realizando unas “pocas maniobras astutas” al transferir personas dentro y fuera de la isla.

Las autoridades federales han transferido al menos a 290 detenidos a Guantánamo desde febrero, pero el martes las 40 personas que permanecían allí fueron trasladadas en avión a Luisiana.

Los funcionarios declinaron especificar por qué fueron transferidos los inmigrantes, y el gobierno no ha dicho si Guantánamo podría ser utilizado nuevamente en el futuro.

Los abogados de la Aclu dicen que la transferencia de inmigrantes a la detención “extraterritorial” en Guantánamo constituye una remoción ilegal, y no tiene precedentes en los más de 75 años de detenciones autorizadas bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Uno de los detenidos se quejó de que las condiciones de confinamiento eran “el infierno en vida” en una declaración presentada ante el tribunal.

El abogado de los demandantes denunció que la base es “sinónimo de secreto, violaciones al debido proceso y evasión del escrutinio judicial”.

Por otro lado, el gobierno de Trump ha instado al tribunal a que mantenga el uso a discreción que él tiene de la bahía de Guantánamo mientras gestiona recursos de detención limitados y lleva a cabo órdenes de deportación definitiva.

“Una orden que restrinja la capacidad del gobierno para transferir detenidos con órdenes finales de remoción interferirá con la capacidad del gobierno para planificar, organizar y llevar a cabo operaciones de remoción, lo que sería contrario al interés público”, dijeron los abogados del Departamento de Justicia en documentos judiciales.

Las autoridades estadounidenses dicen que comenzaron a transferir migrantes a bahía de Guantánamo el 4 de febrero con el primer vuelo de transporte militar en partir de Fort Bliss.

Los vuelos iniciales transportaron a venezolanos, un preludio a la transferencia de 177 detenidos desde Guantánamo a Venezuela, con una breve escala en Honduras.

Pero un portavoz del Comando Sur de Estados Unidos indicó que ninguno estaba siendo mantenido allí hasta esta semana.

La demanda más reciente fue presentada en nombre de 10 hombres que llegaron a Estados Unidos en 2023 o 2024, siete de ellos de Venezuela y los otros de Afganistán, Bangladesh y Pakistán.

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