Jueces evalúan si pueden usar ley de tiempos de guerra contra “Tren de Aragua”
Abogados de inmigración y del gobierno federal se enfrentaron el lunes en torno a la cuestión de si el presidente Donald Trump puede utilizar una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII contra la pandilla venezolana Tren de Aragua en un caso que posiblemente termine en manos de la Corte Suprema.
Los abogados discutieron ante un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del 5º Circuito en Nueva Orleans, el más reciente episodio en una complicada batalla legal después de que Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 contra el Tren de Aragua en marzo pasado.
La ley únicamente se ha empleado durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, así como en la Guerra de 1812. El abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu por sus iniciales en inglés), Lee Gelernt, dijo al panel que el uso de la ley por parte de Trump es inapropiado. “Sólo se ha invocado tres veces en guerras muy, muy importantes, y ahora se está invocando en relación con una pandilla”, destacó Gelernt.
El asistente del fiscal general adjunto, Drew Ensign, dijo que los tribunales no pueden cuestionar la determinación de un presidente de que Estados Unidos enfrenta una amenaza desde el extranjero y requiere de medidas extraordinarias para protegerse. Señaló que la única vez que el máximo tribunal intervino en lo referente a la ley fue en un caso posterior a la conclusión de los combates de la Segunda Guerra Mundial en Europa, cuando la corte dijo que no podía cuestionar la afirmación del entonces mandatario Harry Truman de que supuestos nazis aún debían permanecer retenidos al amparo de la ley debido a que la guerra continuaba.
“Al presidente se le debe la máxima deferencia” en asuntos de relaciones exteriores y seguridad, expresó Ensign.
La decisión de Trump de invocar la ley ya ha estado dos veces ante el máximo tribunal del país por cuestiones más técnicas. Primero, la Corte Suprema determinó que aquellas personas acusadas de pertenecer al Tren de Aragua merecían de un tiempo “razonable” para impugnar esa designación ante el tribunal, pero que únicamente podían impugnar sus deportaciones en los lugares donde estaban detenidos. Eso eliminó una prohibición a nivel nacional que emitió un juez federal en Washington, quien luego determinó que el gobierno posiblemente cometió desacato al desobedecer sus órdenes y continuar con el traslado de algunos detenidos hacia una prisión de El Salvador en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.
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