La Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 10 años al excanciller Álvaro Leyva, tras hallarlo responsable de incurrir en faltas gravísimas cuando, en 2023, revocó licitación para la expedición de pasaportes, argumentando irregularidades en el proceso.
“La conducta del ministro Leiva Durán evidenció un actuar contrario a las reglas y principios que rigen los procesos de la selección contractual, determinándose a declarar de cierta licitación pública de pasaportes cuando conoció que existía un oferente habilitado para la publicación, situación que generó un proceso y desgaste administrativo que como máximo jerarca de la cancillería públicamente desconoció las calidades del proponente calificado y puso en riesgo los derechos de los connacionales, contrario a sus deberes funcionales que le obligaban a desempeñarse como un gerente público que diera ejemplo de responsabilidad, eficiencia, eficacia en el cumplimiento de su gestión”, se lee en el fallo de sanción.
La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento adujo que la decisión que en su momento tomó el excanciller no tuvo como finalidad salvaguardar el deber de selección objetiva, y que la misma carecía de fundamento legal.
“El ministro de Relaciones Exteriores optó por declarar desierta la solicitación bajo el argumento que se trató de un proceso con un único oferente, lo cual carece de fundamento legal si se tiene que en el ordenamiento jurídico colombiano no existe un veto para que se adjudique el contrato al único oferente en las licitaciones públicas. A su vez, el disciplinado tuvo la oportunidad de corregir ese error, que en su sentido impedía la selección objetiva del contratista. Sin embargo, esperó hasta el informe final de la evaluación para declarar desierta la solicitación”, añade el fallo.
En ese sentido, el órgano de control confirmó que Leyva Durán incurrió en falta gravísima a título de dolo al desconocer con su actuación los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal.
La sanción hace parte del proceso disciplinario que desde el pasado enero le fue abierto a Leyva Durán por las irregularidades cometidas cuando decidió, pese a las advertencias y observaciones, declarar desierta la licitación a favor de la empresa Thomas Greg & Sons, para la expedición de los documentos.
Una decisión que desató una polémica en el país y traumatizó la operación para la expedición de los documentos y que, además, dejó al descubierto las improvisaciones del Gobierno Petro en planes de transición contractual.
De igual manera, la Procuraduría lo absolvió por haber declarado la urgencia manifiesta con ocasión de la fallida licitación pública para celebrar el contrato mediante la modalidad de contratación directa.
Esta decisión representa un duro golpe al presidente Gustavo Petro, pues Leyva Durán no solo es uno de sus colaboradores más cercanos y experimentados en política exterior, sino que, además, es el primer exfuncionario de su Gobierno en recibir una sanción de tal magnitud.
La medida genera un precedente en la administración Petro, subrayando los desafíos y tensiones que enfrenta en el ámbito de transparencia y gestión pública.
Antes de finalizar la diligencia de lectura del fallo, la defensa del excanciller anunció que apelará la decisión y advirtió presuntas irregularidades en la sanción.
“Esta es la primera vez que la Procuraduría sanciona a un Ministro de Estado por no adjudicar una licitación que estaba claramente direccionada (…) en este proceso se ha cuestionado la actuación de un servidor público que, en ejercicio de sus funciones, evitó la adjudicación de un contrato cuyos riesgos de condiciones habían sido confeccionados de manera tal que una única empresa pudiera satisfacer los requisitos establecidos, la misma que ha ostentado la calidad de contratista durante los últimos años”, alegó el defensor.
Afirmó además que “resulta jurídicamente inadmisible que la conducta desplegada por mi cliente en aras de salvaguardar la rectitud de la posición administrativa sea objeto de una sanción disciplinaria cuando, paradójicamente, la adjudicación de una licitación cumplida de condiciones direccionadas hubiese constituido un delito a voces de expertos de la Fiscalía General de la Nación”.
