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Indemnizan a venezolano con 370 mil dólares por detención ilegal en Trinidad

"Es también escandaloso que el trato tan horrorizado que cometió el Estado a pesar de su obligación legal de proteger a todos los menores", dijo la jueza.
domingo, 24 marzo 2024
Archivo | La madre y el menor obtuvieron tres órdenes judiciales que les imposibilitaban sus deportaciones

Una jueza de la Corte Suprema de Trinidad y Tobago compensó con 370.000 dólares a un adolescente venezolano por los 456 días que estuvo detenido y tratado injustamente por altos oficiales en un helipuerto del país caribeño, informaron medios locales.

En un dictamen de 114 páginas, la magistrada Margaret Mohammed reconoció que la indemnización es un reflejo con el desacuerdo de la corte sobre la “notoria conducta” del fiscal general y el director de la Oficina de Inmigración por haber dejado al venezolano por tanto tiempo en el helipuerto de Chaguaramas.

“Los señalados deberían ser encausados por su pésima conducta y la Corte debería de enviar un fuerte mensaje para impedirle a los acusados, sus sirvientes y representantes a que repitan esta costumbre tal y como lo hicieron contra esta persona”, indicó.

“Es también escandaloso que el trato tan horrorizado que cometió el Estado a pesar de su obligación legal de proteger a todos los menores por igual sin importar si son ciudadanos de Trinidad y Tobago o migrantes”, agregó.

El adolescente, que al momento de ser detenido tenía 13 años, y su madre formaron parte de un grupo de migrantes que fueron detenidos cuando regresaron a Trinidad después tres días después de haber sido deportados a Venezuela en noviembre de 2020.

La madre y el menor obtuvieron tres órdenes judiciales que les imposibilitaban sus deportaciones hasta que se diera un dictamen por su caso.

Ante ello, el niño y su madre demandaron a Trinidad y Tobago por los daños y perjuicios agravados por su injustas detenciones en el helipuerto que se extendieron desde el 15 de diciembre de 2020 al 16 de marzo de 2022.

Finalmente, en marzo de 2022, el Consejo Privado trinitense determinó que el apresamiento del menor fue injusta, pues no existió orden de deportación o de detención impuesta contra este.

Ante ello, el Consejo Privado condonó el asunto ante el tribunal, excarcelando al menor el 29 de julio de 2022.

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