Histórica sentencia del Supremo Tribunal de Brasil sobre tierras indígenas

En el caso llevado ante el tribunal, el estado de Santa Catarina defendió una teoría jurídica promovida por quienes se oponen a entregar más tierras a los grupos indígenas.

Afirmaba que el día de la promulgación de la Constitución de Brasil —5 de octubre de 1988— debería ser la fecha límite para que los pueblos indígenas ocuparan físicamente las tierras reclamadas o para que estuvieran peleando jurídicamente por reocupar el territorio. También alegaba que ello proporcionaría seguridad jurídica a los terratenientes.

“Las áreas ocupadas por los pueblos indígenas y aquellas vinculadas a sus ancestros y a sus tradiciones son áreas protegidas constitucionalmente, aun si no están delimitadas”, dijo el juez Luiz Fux, quien emitió el voto con el que se alcanzó la mayoría.

Los dos jueces que votaron en defensa de la postura de Santa Catarina fueron designados por el expresidente Jair Bolsonaro, quien durante su mandato fue un firme opositor de la expansión de los territorios indígenas y un promotor de su asimilación.

Los grupos defensores de los derechos indígenas alegaron que el concepto de fecha límite era injusto, ya que no tomaba en consideración las expulsiones y los desplazamientos forzados de los pueblos indígenas, en particular aquellos ocurridos en los 20 años de la dictadura militar.

De acuerdo con el grupo Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), la demanda puso en riesgo el estatus de los cientos de territorios indígenas de Brasil.

Una multitud de hombres y mujeres indígenas de diferentes estados y etnias se habían reunido en Brasilia y sus alrededores en los últimos meses durante las deliberaciones del alto tribunal.

Francisco Cali Tzay, investigador especial de derechos de los pueblos indígenas de la ONU, había exhortado al Supremo Tribunal de Brasil a proteger las tierras indígenas.

“Según la Constitución, los pueblos indígenas tienen derecho a la posesión permanente de las tierras que ocupan tradicionalmente”, afirmó Tzay en una declaración de 2021.

Dijo que una sentencia favorable a los intereses empresariales “podía legitimar la violencia en contra de los pueblos indígenas y encender conflictos en la selva amazónica y otras zonas”.

Aunque el caso involucrara solamente a un grupo indígena, el STF le dio el status de “repercusión general”, lo cual implica que la sentencia sienta un precedente para toda instancia de justicia que involucre a los grupos indígenas.

Por lo tanto, se aplica a cientos de trámites administrativos e iniciativas legislativas en curso y podría tumbar una propuesta en el Congreso que apunta a activar el mismo plazo de 1988.

Aun así, esa iniciativa de ley también encierra otras amenazas para los derechos indígenas, y potencialmente le abre la puerta a una reducción de las restricciones sobre minería, construcción de presas, y proyectos agrícolas y de transporte en territorios indígenas.

“Ganamos la batalla, pero no la guerra”, dijo en Brasilia Dinamam Tuxá, el coordinador ejecutivo de Apid. “Seguiremos luchando para que los territorios indígenas sean delimitados, de modo que los derechos de los pueblos indígenas puedan ser salvaguardados y protegidos”.

Desde que asumió el cargo en enero, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha prestado bastante más atención a las demandas de los pueblos indígenas que su predecesor, Bolsonaro.

Creó el primer Ministerio de los Pueblos Indígenas, dirigido por la indígena Sonia Guajajara, y demarcó ocho nuevos territorios indígenas.

Los territorios indígenas cubren casi 14 % de la vasta extensión de Brasil, según datos del Instituto Socioambiental. El proceso para establecer oficialmente un territorio indígena puede llevar décadas.