Guatemala: Fiscal pedirá retiro de inmunidad de presidente electo y legisladores

Un fiscal guatemalteco anunció el jueves que pedirá el retiro de inmunidad del presidente electo Bernardo Arévalo, su vicepresidenta y legisladores del Movimiento Semilla a quienes señala de haber hecho publicaciones en las redes sociales animando a los estudiantes a tomar la Universidad de San Carlos de Guatemala hace más de un año.

Así lo indicó en una conferencia de prensa el fiscal a cargo de la causa Ángel Saúl Sánchez, mientras se realizaban allanamientos en varias viviendas y se buscaba detener a casi 30 estudiantes y catedráticos universitarios y a miembros del partido Semilla, a un periodista y a un exprocurador de Derechos Humanos.

Los allanamientos fueron solicitados por la Fiscalía contra el Patrimonio Cultural de la Nación y autorizados por el juez Victor Cruz por la toma de la universidad entre el 27 de abril de 2022 y 9 de junio de 2023.

La fiscalía acusa a los señalados por presunta usurpación agravada en forma continuada, sedición en forma continuada y asociación ilícita.

Entre las pruebas que la fiscalía tiene contra el presidente electo, según documentos a los que tuvo acceso la agencia AP, están mensajes en X, antes llamada Twitter, en los que Arévalo dice: “La Usac está permitiendo ver un rayo de esperanza en Guatemala. Felicitaciones a los profesionales estudiantes y docentes que están mostrando que las cosas pueden hacerse de manera diferente tal y como debe suceder en Guatemala…”.

La investigación inició meses atrás cuando varios de los señalados ya gozaban de inmunidad por sus cargos.

Marcela Blanco, una joven activista de Semilla y excandidata, indicó en sus redes sociales que la fiscalía llegó a su vivienda a detenerla y que la estaban amedrentando. “Soy ciudadana, soy pueblo y me están haciendo esto por hablar en contra de la corrupción. Les pido su apoyo”, dijo.

Por su parte, el catedrático universitario Roberto Chang fue detenido y a su llegada esposado a los tribunales sostuvo que su arresto es el costo por denunciar la corrupción. “Soy hombre honesto y trabajador”, dijo periodistas.

El jefe de misión de observación electoral de la Unión Europea, Jordi Cañas, dijo a la AP vía telefónica que observaba con profunda preocupación e indignación las acciones de la fiscalía y que quienes dirigen la institución son “una verdadera amenaza a los derechos y libertades de las personas de este país”.

“Es evidente que el Ministerio Público fabricó casos, el uso de tuits como elemento acusatorio para pedir el levantamiento de inmunidad al que va a ser el presidente de la República es de una desfachatez absoluta. Es una desfachatez tan obscena que lo mejor que puede hacer el pueblo guatemalteco es dar una respuesta pacífica, democrática que esté a la altura del momento histórico”, indicó.

Afirmó que al parecer la fiscalía tiene “plan A, B, C” que buscan que Arévalo no tome posesión en el cargo, pero como no han dado resultado fabrica este tipo de acusaciones. “El Ministerio Público es una amenaza a la justicia, a los derechos y libertades en este país”, señaló.

Este no es el único proceso contra Arévalo y su partido que emprende la fiscalía liderada por Consuelo Porras con la intención, según Arévalo, de impedir que asuma el poder el 14 de enero como está previsto.

La fiscalía mantiene una arremetida contra el proceso electoral, Arévalo, Semilla, magistrados electorales y los más de 125.000 ciudadanos que participaron en las elecciones generales recibiendo, contando y resguardado los votos de miles de ciudadanos que le dieron la victoria al progresista.

Cañas presentó el lunes su informe final en el que reafirmó que en el país no hubo fraude, tal como lo asegura la fiscalía.

Los estudiantes tomaron las instalaciones de la única universidad pública en respuesta a la elección del rector Walter Mazariegos, quien al momento de realizarse los comicios dejó entrar al lugar de votación sólo a los electores, integrados por profesionales, estudiantes y catedráticos, que iban a votar por él.

Mazariegos fue sancionado por el Departamento de Estado estadounidense por “socavar los procesos e instituciones democráticas al aceptar el cargo de rector de la institución de educación pública en julio de 2022 tras un proceso de selección fraudulento”, dijo entonces el gobierno estadounidense.

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