El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, informó que se declaró estado de emergencia por 60 días en el departamento de Trujillo y en la provincia de Pataz (La Libertad), donde están afectados por una “ola delincuencial”.
En conferencia de prensa, Otárola detalló que en ambas situaciones quedará suspendida la atención de locales comerciales, eventos sociales y espectáculos de la medianoche a las 4:00 de la madrugada, “hasta controlar definitivamente esta ola delincuencial”.
En el caso específico de Pataz, donde se han registrado diversos hechos criminales, Otárola lo atribuyó al “crecimiento descontrolado de la minería ilegal” y apuntó que el Gobierno de Dina Boluarte enfrenta a más de 20 bandas organizadas.
En este contexto, se dispuso que “las Fuerzas Armadas intervengan inmediatamente en Pataz en el control del orden interno, con el escrupuloso respeto de los derechos fundamentales del derecho internacional humanitario y de las reglas y empleo del uso de la fuerza”.
Por lo general, una declaratoria de emergencia en Perú equivale a un “apoyo” de los militares a la Policía Nacional para controlar el orden interno, pero esta vez y, exclusivamente en Pataz, será al revés.
El Estado “debe responder”
“Esta decisión está plenamente justificada por la presencia de bandas organizadas relacionadas con la minería ilegal que han perpetrado actos de terror con ataques de explosivos a las fuerzas del orden y sobre torres eléctricas”, señaló el ministro de Defensa, Jorge Chávez.
Por ejemplo, a finales del año pasado unas nueve personas murieron y 15 resultaron heridas tras un ataque con explosivos dentro de una mina en las instalaciones de la minera Poderosa en Pataz, región La Libertad.
“Es por ello que el Estado peruano debe responder con todos los medios y con toda su fuerza. Quedan notificados los miembros de las bandas y organizaciones criminales en Pataz, que al Estado peruano no le va a temblar la mano para enfrentarlos y neutralizarlos”, enfatizó Chávez.
