El Gobierno de España ha decidido desclasificar información sobre el espionaje con el programa Pegasus al actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, informan fuentes del Ejecutivo a El Diario.
La retirada de la reserva, solicitada por un juez de Barcelona, se ha formalizado en la reunión del Consejo de Ministros de este martes.
La desclasificación no alcanza la totalidad de documentos a los que el juez solicitó retirar el secreto.
Si bien es la primera vez que el Gobierno accede a una petición de los jueces que investigan el caso Pegasus para dejar sin efecto la reserva que, por ley, protege la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Según ha indicado la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se trata de una “desclasificación parcial que en ningún caso afecta a la seguridad nacional”. “Lo que sí afecta a la seguridad nacional es la forma de actuar del PP”, ha apostillado.
La funcionaria ha también ha recalcado la “máxima colaboración con la Justicia” del Ejecutivo.
El juez de Barcelona Santiago García, que investiga la infiltración con el ‘software’ maligno en el teléfono de Aragonès, solicitó en noviembre que el Gobierno desclasificara toda la información relativa a Pegasus.
El instructor quiere saber si el CNI dispone de licencia de uso del programa, si fue el centro u otro organismo el que lo compró a la empresa israelí NSO Group y qué “concretas personas” del organismo y de la firma participaron en la compraventa.
También solicitó al centro que aportara los documentos relativos al encargo, compra, instalación, pago, formación y soporte del uso de Pegasus, así como que el CNI remitiera los registros de empleo del programa espía en el móvil de Aragonès.
El juez quiere tener todos los detalles de la operativa del espionaje antes de interrogar, como imputada, a la exdirectora del CNI Paz Esteban, el único alto cargo gubernamental investigado por Pegasus y que comparecerá ante el magistrado el próximo 26 de enero.
Para tener toda esta información, antes el Consejo de Ministros, tal y como manda la ley, debía acordar la desclasificación de estos documentos al ser información protegida por el secreto que blinda la actividad del CNI.
La del juez Santiago García era la segunda petición de desclasificación de documentos que uno de los jueces de instrucción de Barcelona que investigan el caso realiza al Consejo de Ministros. La primera se topó con la negativa del Ejecutivo a retirar el secreto a la información.
El Gobierno negó que los denunciantes de ese caso, los republicanos Josep Maria Jové y Diana Riba, hubieran sido espiados, por lo que rehusó desclasificar documentación sobre la compra del ‘software’ maligno israelí.
Lo contrario han concluido los Mossos tras su informe pericial del teléfono de los dos políticos, que ha confirmado los indicios de infección.
El Ejecutivo no podía emplear el mismo alegato para rechazar aportar la información en el caso de Aragonès, ya que el president fue uno de los 18 independentistas a los que el propio CNI, en la comisión de secretos oficiales del Congreso, reconoció haber espiado, siempre con el aval del juez de control del centro del Tribunal Supremo.
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